La oposición pide al Ayuntamiento los contratos de la letrada de Santiago Pérez

Coalición Canaria (CC), el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) han dirigido un escrito al Ayuntamiento de La Laguna en el que solicitan que “de manera urgente” les den acceso a los expedientes en torno a la contratación de la abogada de Santiago Pérez, Sandra Rodríguez, por parte del Consistorio. Se trata de un documento que sigue a la publicación en este periódico de la firma de dos contratos de 15.000 euros con esta letrada, vinculada al Partido Socialista (PSOE) e integrante de la Comisión de Ética de esta formación, para procedimientos mercantiles y contencioso-administrativos.

Concretamente, el escrito va dirigido a la Secretaría del Pleno, así como al Área Jurídica, y plantea en primer término que los partidos firmantes han tenido conocimiento “a través de los medios de comunicación de la suscripción y tramitación de diversos contratos de servicios jurídicos, por parte de diversos órganos de este Consistorio, con la letrada Sandra María Rodríguez Vázquez, ya sea en primera persona o a través de despachos vinculados con dicha letrada, ya sea en calidad de abogada titular del mismo o en grado de colaboración”.

Asimismo, mantienen que han podido conocer “que esta letrada ha desarrollado la dirección jurídica de diversos procesos judiciales tanto en su desarrollo íntegro como en grado de participación, mediante la intervención en audiencias previas o juicios en los que actuaba en nombre del Ayuntamiento de La Laguna”.

Solicitud de expedientes

CC, PP y Cs, representados por José Alberto Díaz, Manuel Gómez y Juan Antonio Molina –respectivamente–, exponen a continuación que, “en aras del correcto control y fiscalización que se le presume a los partidos de la oposición”, solicitan: todos los expedientes en los que consten los datos de la citada letrada, “cualquiera que sea el grado de participación en tales procesos”; el grado de ejecución de estos; las cuantías recibidas por esos servicios; los contratos suscritos con dicha abogada o con despachos jurídicos en los que colabore o participe, y los decretos de Alcaldía en los que figure el nombre de Sandra Rodríguez o de alguno de esos despachos con los que pudiese colaborar. “No disponemos de información alguna adicional en torno a dichas cuestiones, siendo necesario conocer los datos al efecto de poder tomar las decisiones jurídicas oportunas”, completan los partidos.

Tras conocerse esos acuerdos profesionales entre la abogada y el Ayuntamiento, el grupo de gobierno de La Laguna había admitido que en este tipo de contratos menores “no existe ninguna exigencia legal de que haya que analizar otras ofertas”, y aclaró con respecto a la fórmula elegida que es “la más económica para las arcas municipales”.

“Me llama la atención que Santiago Pérez, que ha hecho alarde de sus amplios y profundos conocimientos jurídicos, haya propiciado o consentido estos hechos. Él debe saber que estas actuaciones pueden ser delictivas y, desde luego, que la contratación de su abogada particular es, al menos, reprochable políticamente y ya veremos si también legalmente”, había manifestado el portavoz local de CC tras publicarse las contrataciones.

Por su parte, el líder del Partido Popular en el municipio había expresado: “Llevamos años viendo cómo se contratan de forma directa obras y servicios, desde los tiempos en los que gobernaba Coalición Canaria y ahora con el Partido Socialista. No es una práctica nueva en este Ayuntamiento”. Ciudadanos mostró desde el primer momento su “preocupación ante la contratación de servicios jurídicos supuestamente afines a causas que afectan a los partidos pertenecientes al grupo de gobierno (PSOE, Unidas se Puede y Avante)”, a lo que añadió que “la explicación dada desde el Ayuntamiento en torno a la existencia de una iguala trata como tontos a los ciudadanos”.

Defensa del alcalde

El alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, se pronunció en otro sentido. “El Ayuntamiento contrató los servicios de este despacho de abogados en el año 2020, contando con todos los informes favorables de la directora de la Asesoría Jurídica municipal, y, lo que es más importante, de la Intervención municipal, que no solo no formuló ningún reparo, sino que no puso la más mínima objeción al proceso, por lo que todo se hizo cumpliendo la más estricta legalidad, como no podía ser de otra manera”, explicó.

“La diferencia respecto a lo que venía ocurriendo hasta ahora es que anteriormente se contrataba y pagaba a los despachos de abogados por cada uno de los pleitos que atendían, mientras que ahora se realiza un contrato anual de servicios”, expuso el regidor local sobre una cantidad fija sin que exista un límite de pleitos.