Los primeros 24 reparos se resolvieron antes de la denuncia de Santiago Pérez

La principal conclusión de la relación de los documentos aportados a la magistrada es que los primeros 24 trámites que cuestiona Santiago Pérez ya estaban adjudicados antes de que formalizara su denuncia, lo que, a juicio del exregidor municipal, pone de evidencia la mala fe a la hora de comunicar los hechos ante la justicia, como ya evidenció el ex teniente de alcalde Javier Abreu en su declaración ante la jueza, cuando la fiscala jefa de la Audiencia Provincial, María Farnés, solicitó que Santiago Pérez pasara de denunciante a denunciado, lo que supone un giro de 180 grados en el llamado caso reparos, si bien, de prosperar la instrucción, el líder de Avante podría ser investigado por presuntos delitos contra la Administración de Justicia.

Entre las afirmaciones de Javier Abreu, que llevaron a la fiscala María Farnés a pedir a la jueza que investigue a Santiago Pérez, figura la afirmación de que el actual concejal de Urbanismo "se reunía continuamente con el interventor (cuando estaba en la oposición) por levantamientos de reparos extraños". En otro momento de sus declaraciones, Abreu aseguró que "gente del ayuntamiento, relacionada con Santiago Pérez, me pidió que me portara bien en mi declaración porque la causa no iba conmigo, pues el objetivo era Fernando Clavijo".

Al día siguiente de que declarara Javier Abreu le tocó el turno a José Alberto Díaz, quien se acogió a su derecho a no declarar y sí aportó unas manifestaciones para hacer constar, entre otros puntos, que "la prórroga de los diversos contratos de servicios municipales que, al parecer, constituye el objeto del supuesto ilícito penal, nunca fueron objeto de cuestionamiento ante el orden jurisdiccional de lo Contencioso-administrativo". Además, precisa que "tampoco se ha producido ningún perjuicio económico a la Corporación municipal por cuanto los importes abonados durante las prórrogas se corresponden con los servicios efectivamente prestados por las empresas adjudicatarias de los contratos y de los pagos tramitados por los departamentos municipales".

El exalcalde José Alberto Díaz coincide con su ex teniente de alcalde, Javier Abreu, a la hora de reconocer la demora en la tramitación de los contratos. "Si es por el interventor, el Ayuntamiento de La Laguna se habría paralizado completamente en un momento duro tras la crisis económica", y recordó Abreu que "el interventor no presentó ninguna denuncia sobre estos expedientes. Ni ningún funcionario", para más adelante, en su declaración del jueves ante la jueza, señalar que la tramitación de los expedientes se retrasaron por el interventor, con quien ha habido y existe en la actualidad, según Abreu, muchas discusiones, reiterando que volvería a levantar los tres reparos de los 24 investigados.

En la misma línea de Abreu se expresó en su manifestación ante la jueza el exalcalde José Alberto Díaz, quien aseguró que "la dilación de la administración en la tramitación de la contratación fue común y generalizada, en el período que se investiga, en todas las corporaciones locales españolas". Tres fueron los motivos que afectó por igual a todos los ayuntamientos: la incertidumbre sobre las competencias municipales causada por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local de 2013, la aprobación de una nueva ley de Contratos del Sector Público de 2017 y la insuficiencia de trabajadores como consecuencia de la práctica inexistencia de tasa de reposición de efectivos desde 2011.

Pero, en paralelo a la engorrosa gestión administrativa, pasaba el tiempo y expiraban los contratos del servicio de limpieza de las instalaciones deportivas, o del servicio de día de menores, absentismo escolar, de escuelas infantiles o de ayuda municipal a domicilio, las escuelas de teatro, actividades extraescolares, suministro de comidas en las escuelas infantiles, asesoramiento y apoyo a mujeres, los celadores de las instalaciones deportivas, atención a los mayores con demencia, teleasistencia domiciliaria, vigilancia y salvamento y socorrismo, conservación de jardines, limpieza en colegios, transporte adaptado del Hospital de Dolores o el mantenimiento del alumbrado para fiestas... Son algunos de los contratos que se formalizaron, se decidió prorrogar conforme a la previsto y se realizó una convocatoria pública para su adjudicación después de que el alcalde levantara el reparo puesto por el interventor, "que nunca presentó denuncia", insistió en su declaración Javier Abreu.

La tramitación de los expedientes se realizaron conforme a los convenios con las diferentes administraciones. De no haber levantado los reparos el exalcalde, explica, estos servicios básicos para los habitantes de La Laguna se hubieran suspendido.

En la relación aportada por José Alberto Díaz figuran, de los 24 asuntos que motivaron la primera denuncia de Santiago Pérez, doce tramitados por la Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida, siete por Servicios Municipales, tres por el área de Deportes y los dos restantes, por Cultura y Hacienda.

Javier Abreu dijo a la jueza que volvería a levantar los tres reparos que se investigan. Lo contrario hubiera supuesto que no se podrían haber limpiado las instalaciones deportivas, o dar el servicio a menores o de teleasistencia, prestar apoyo al absentismo escolar y a mujeres, realizar actividades extraescolares... mientras los técnicos "peleaban" para cuadrar un céntimo en el presupuesto, como asegura el ex teniente de alcalde que ocurrió en un expediente, lo que motivó que se tardara cinco meses en su tramitación.

Otro reparo levantado por José Alberto Díaz se refiere a la necesidad de continuar con la instalación del programa contable Sical, siguiendo incluso la petición del jefe de Servicios de Proyectos, que motivó la renovación del contrato porque "se trata de un servicio para satisfacer el interés general a través de la propia administración (?), su interrupción supondría un riesgo no asumible por la administración". También bajo sospecha en el caso reparos.