Santiago Pérez, el concejal del Ayuntamiento de La Laguna que denunció desde 2018 el llamado caso reparos y al que la fiscal jefa de la Audiencia Provincial, María Farnés, solicitó al jueza investigar después de la declaración de Javier Abreu, teniente de alcalde entre 2015 y 2016, asume que será citado por incurrir en presuntos delitos contra la Administración judicial. Así se desprende del comunicado que divulgó en la tarde de ayer a través del perfil oficial de su partido Avante La Laguna cuando asegura que "lo que deba explicar lo haré en sede judicial si soy citado al efecto", para precisar que sus denuncias "se sustentan exclusivamente en documentación oficial que consiste en una larga ristra de decretos, más de 140, dictados contra las advertencias de ilegalidad que constantemente formuló la Intervención General del Ayuntamiento", y se alinea de esta forma con el funcionario para aparecer como víctima.
Santiago Pérez, en la actualidad concejal de Urbanismo de Aguere, asegura que "las cuatro denuncias que formulamos sucesivamente contra esta práctica ilegal y, en mi opinión, delictiva fueron realizadas en cumplimiento de un deber legal que nos impone a los funcionarios la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que nos obliga a dar traslado a la fiscalía o a los tribunales de aquellos actos o hechos que conozcamos en el ejercicio de nuestros cargos y puedan ser constitutivos de delitos".
Santiago Pérez justifica así su proceder desde que el 2018 formalizó la primera denuncia -luego la acompañaron otras tres más- en la que advertía de presuntas irregularidades relacionadas con el levantamiento de reparos del interventor municipal para prorrogar contratos de servicios municipales entre 2013 y 2017.
El ahora concejal de Avante, en el mandato anterior en las filas de Por Tenerife-Nueva Canarias, se pronunció así ayer, después de que su excompañero de partido -cuando ambos militaron en el PSOE- lo acusara de recibir amenazas de parte de Santiago Pérez para condicionar su declaración, hasta el punto de asegurar que conspiró junto con el interventor municipal de La Laguna para preparar la denuncia e ir contra Fernando Clavijo y otros responsables municipales de CC.
"Las cosas que tenga que decir sobre las manifestaciones de Abreu, tan escandalosas como infundadas, las responderé como es mi obligación si soy citado por la Fiscalía o por los jueces", reiteró sobre los presuntos delitos contra la Administración judicial por el que pide investigarlo María Farnés. De prosperar esta solicitud, Santiago Pérez pasaría de denunciante a denunciado tras el giro que ha dado el caso reparos tras la declaración de Javier Abreu. El líder de Avante insiste: "El caso reparos tiene protagonistas principales y actores secundarios, no se sustenta en dimes y diretes ni en declaraciones testificales o en intervenciones telefónicas ni en nada por el estilo", para cuestionar las acusaciones que lanzó contra él Javier Abreu. El exteniente de alcalde desveló en su declaración ante la jueza que el propio Santiago Pérez se reunía con el interventor dos veces a la semana en 2017 y 2018 para "levantamientos de reparos extraños". También aseguró ante la jueza que la abogada de Santiago Pérez -que no estuvo el lunes en su declaración- se ofreció para evitar que lo imputaran y le reconoció que el objetivo era involucrar a Fernando Clavijo. "Y si me portaba bien, pelillos a la mar", llegó a precisar Abreu a la jueza.
En su comunicado de ayer, Santiago busca la complicidad del interventor cuando asegura que es víctima de un ataque tanto contra él como destinado a minar la credibilidad del funcionario, e implica en los cuestionamientos de los más de 140 decretos dictados por el alcalde para levantar reparos a "otros funcionarios adscritos a la Secretaría General del Ayuntamiento, de los Organismos Autónomos o del Servicio de fiscalización y control, en desempeño de sus funciones de asesoramiento y control de legalidad".
Pérez asegura que "las afirmaciones vertidas en juicio sobre hechos inciertos, atribuyéndome hechos que pudieran ser delictivos, me obligarán a proceder a la defensa de mi honor".
Reacciones
Mientras el regidor municipal de La Laguna, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, declinó pronunciarse sobre el tema, el primer teniente de alcalde y líder de Unidas se Puede, Rubens Ascanio, -compañero del denunciante denunciado en las tareas de gobierno local- manifestó que "es un caso del que tengo conocimiento más por los medios, poco más puedo decir. Tengo total confianza en la seriedad y la responsabilidad de Santiago Pérez a la hora de plantear cualquier cuestión. No me cabe duda que la justicia tomará la decisión más correcta con respecto al caso reparos".
Desde la oposición, Manuel Gómez, portavoz del PP, precisó que "no conocemos la denuncia porque no estábamos en el mandato anterior, sino que tenemos noticias por lo que leemos". El dirigente popular prefirió esperar a que concluya el proceso de instrucción de la fiscal y la jueza, para reiterar su confianza en la justicia y apelar a la presunción de inocencia de todas las partes implicadas.
El representante de Ciudadanos en La Laguna, Juan Antonio Molina, también en la oposición, no ocultó el giro dado en la denuncia del caso reparos y lamentar que "prácticamente toda la gestión del mandato anterior se encuentre bajo sospecha", llegando a temer la paralización de la labor municipal porque los funcionarios sientan que son objeto de persecución. El también letrado confía que Santiago Pérez presentara la denuncia para la defensa de la legalidad y no con fines políticos, para admitir que "cuando escuché las declaraciones de Javier Abreu se me pusieron los pelos de punta". Molina reiteró su preocupación porque la gobernabilidad de La Laguna quede en jaque en caso de que la jueza decida investigar a Santiago Pérez quien, "siendo coherente con lo que ha pedido a otros políticos, tendría que dimitir".
