El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna acordó ayer promover actuaciones viarias para mejorar el firme de la carretera TF-16, sobre todo a su paso por Valle de Guerra, y para la calle Emilio Gutiérrez Salazar, una de las principales arterias de La Verdellada Ambos puntos, propuestos inicialmente por Coalición Canaria (CC), fueron enmendados y a la postre apoyados de forma unánime por todos los partidos. Para la primera de las vías se instará al Cabildo a que resuelva el problema "con la mayor prontitud", mientras que en la segunda se acordó iniciar el estudio que lleve hacia la rehabilitación de diversos elementos.

Los anteriores fueron dos de los asuntos locales y medianamente tangibles de una sesión en la que sobresalió el debate supramunicipal y que desde sus primeros compases dejó algunos choques políticos. Ahí aprovechó el concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio (Unidas), para salir en defensa de las subvenciones que impulsa el área de Comercio, de su compañera de bancada María José Roca. "No quería hablar del tema del comercio, porque no es el punto; pero presénteme a un comerciante que haya cobrado una ayuda...", le afeó posteriormente Candelaria Díaz (CC) sobre unas polémicas aportaciones que llevan más de seis meses de espera.

Salieron adelante las nuevas bases de las ayudas de emergencia y se retiró la moción sobre un plan contra la okupación. Se trataba de una iniciativa de la concejala del Partido Popular (PP) Elsa Ávila que se quedó pendiente en la sesión anterior. Se barruntaba como uno de los principales asuntos de la tarde, especialmente después de que días atrás mandos de la Policía Local ofreciesen una versión que anulaba el planteamiento en el que Ascanio llevaba insistiendo durante semanas.

Por unanimidad se acordó una acción -en origen del grupo de gobierno y al final de carácter institucional- para iniciar el expediente de designación de una avenida como Sanidad Pública en tributo a la labor de los sanitarios durante la pandemia. El debate más prolongado llegó con la moción del PP "para defender el orden constitucional". El pacto local (PSOE, Unidas y Avante) votó en contra, CC se abstuvo, y PP y Cs respaldaron la iniciativa. Santiago Pérez (Avante), que llevó el peso de la argumentación del gobierno local, sostuvo que el texto no representaba el espíritu constitucional. "Somos leales a la Constitución", diría después Alejandro Marrero (PSOE).

Ese mismo punto dejó un encontronazo entre el líder de CC, José Alberto Díaz, y Santiago Pérez. Díaz le criticó a Pérez "falta de rigor" en el ámbito del Derecho Penal, y dijo que había sido profesor a tiempo parcial de Derecho Constitucional y "sin trabajo doctrinal que conozca". El segundo le reprochó su "estilo camorrista y mentiroso", y manifestó que su labor docente era a tiempo completo. "Sobre Derecho Penal, pregunten en Tenerife II", añadió.

Mediante la habilitación de espacios en los centros ciudadanos, CC y PP intentaron poner freno a la "brecha digital" que sufren algunos vecinos con los trámites administrativos, y trasladaron las quejas recibidas a cuenta de la atención telefónica. La edil de Participación Ciudadana, Yaiza López (PSOE), enumeró las tareas que se realizan en esos centros, mientras que el responsable de Presidencia, el también socialista Josimar Hernández, observó dificultades laborales en lo solicitado. Al final, el gobierno lo rechazó. La popular Elsa Ávila lamentó que las propuestas se interpreten como ataques.

Al tiempo que prosperó un punto impulsado por Jonathan Domínguez (CC) para la clasificación y registro de los objetos y legado histórico de la Policía Local de La Laguna, no fue aprobada como urgencia una moción de Juan Antonio Molina (Cs) para incentivar las políticas de inmigración en el entorno canario.