La Policía Local de La Laguna corroboró ayer la percepción que desde hace algún tiempo existe en diferentes barrios y que han expresado algunos colectivos ciudadanos: los problemas relacionados con la entrada en viviendas son frecuentes. La subcomisaria jefe de este cuerpo policial, Elena Delgado, afirmó que los agentes se encuentran "bastante habitualmente" con actuaciones vinculadas a delitos de esta naturaleza. "Hay ahora más que antes, o a nosotros se nos manifiesta más", señaló durante el transcurso de la Mesa de Vivienda de La Laguna.
La reunión, de carácter telemático, fue acordada en el último pleno municipal y contó con representantes de diferentes ámbitos, que mayoritariamente coincidieron en que la okupación es un problema independiente al de la falta de hogares y que supone un quebranto para los propietarios de los inmuebles. Se trata de un planteamiento que choca con el defendido por el concejal de Bienestar Social del consistorio lagunero, Rubens Ascanio (Unidas), que desde la cita plenaria incardinó el fenómeno dentro de un problema global de tipo habitacional. El edil ha venido reduciendo, "salvo excepciones", esta práctica en el municipio a casas propiedad de entidades bancarias y por parte de "mujeres solas con menores", lo que la oposición ya le había rebatido durante el pleno.
Las manifestaciones de la Policía Local fueron de las más destacadas del encuentro de ayer por cuanto contrastaban con esas tesis. Delgado, que participó acompañada de otros dos agentes, explicó que, si bien la utilización de un término u otro para calificar cada hecho dependerá de factores como la interposición de una denuncia -ante la Policía Nacional- por parte del propietario, este tipo de casos sí les llegan. "Estamos interviniendo constantemente", dijo, antes de enumerar actuaciones recientes como la detención de dos personas en San Matías por un delito de usurpación u otro caso en Los Andenes, y también se refirió al edificio de la calle México, en Taco, que acumula años generando problemas.
La subcomisaria jefe destacó que no son solo delitos ligados a privar de la vivienda a otra persona, sino que suelen llevar aparejados otros problemas como las defraudaciones de fluido eléctrico. En cualquier caso, admitió que es un campo que "no es fácil" para los agentes al existir situaciones de necesidad. El relato lo completó otro mando policial, que refirió episodios vinculados: encendido de hogueras, generación de basuras, molestias vecinales, malos tratos y, al final, ciudadanos que urgen soluciones.
Además de los representantes policiales, hubo otros once actores en la mesa. Pedro Palencia, del Colegio de Administradores de Fincas; el presidente de la Asociación de Vecinos Barrio Nuevo-Viña Nava, Juan Luis Marín; la concejala del Partido Popular (PP) Elsa Ávila; el también edil Jonathan Domínguez (CC); la administradora de fincas Ana Castellano, y el vicepresidente de la FAV Aguere, Francisco Barreto, disociaron la okupación del problema de la falta de viviendas. Por su parte, y además de Ascanio, Úrsula Peñate (Cáritas) y el técnico municipal en materia de recursos alojativos Juan José Díaz encauzaron su discurso hacia la existencia de pocos casos de okupación y la crisis habitacional. "Lo que está claro es que se produce una colisión de derechos", expuso Elvira Jorge (Avante), otra de las concejalas que participó, al igual que Carla Cabrera Teixeira (PSOE), que no intervino.
Juan José Díaz tuvo palabras para las dificultades sociales. "La okupación es consecuencia de la vulneración del derecho a la vivienda", sostuvo Úrsula Peñate, que también indicó que hay personas a las que "no les queda más remedio que okupar". "La mayoría de las okupaciones son en infravivienda", planteó. Desde la orilla opuesta habló Pedro Palencia, que lamentó el "importante quebranto económico" que este fenómeno supone para los particulares, y puso el foco en el problema social: "Hay una necesidad de resolver, existe un problema social, pero no nos corresponde a nosotros como propietarios particulares arreglarlo".
Vecinos con miedo
Juan Luis Marín relató su experiencia en Barrio Nuevo, una zona especialmente afectada con hasta 30 viviendas en esa situación. "Hay vecinos que viven pared con pared con los okupas y llevan tres o cuatro años sin salir para no dejar su casa vacía", aseguró. Ayer mismo, indicó, tuvo que intervenir en un conflicto entre moradores de un edificio situado de la calle El Drago. Elsa Ávila (PP), aunque suavizó su posicionamiento del pleno e insistió en las bajas cifras de okupas La Laguna, también rechazó esta práctica, especialmente cuando se realiza por motivos de carácter ideológico.
El nacionalista Jonathan Domínguez, concejal de Seguridad Ciudadana lagunero el pasado mandato, mantuvo que "no es que haya más casos, sino que se oyen más", y defendió que las administraciones públicas no pueden justificar ninguna forma de okupación.
Rubens Ascanio, que cerró la primera ronda de intervenciones, apuntó que "nadie justifica, ni defiende, ni ampara la okupación", y se detuvo a continuación en los precios del alquiler y en las dificultades del acceso a la vivienda. Asimismo, expresó medidas para ampliar el parque de casas sociales, como un plan de rescate de inmuebles vacíos, la compra de promociones inacabadas o la negociación con los bancos. Frente a sus declaraciones recientes, dejó una frase más en clave de condena hacia algunas okupaciones: "Hay problemas reales de mal uso, de mafias, de gente conflictiva, de inseguridad... vinculada a la realidad de una sociedad tan compleja como la nuestra".
La Mesa de Vivienda, cuyos participantes acordaron que celebre nuevas sesiones con la incorporación de otros intervinientes, continuó con un intercambio de pareceres. Durante ese tramo de la reunión, Ana Castellano lamentó las dificultades con las que se encuentran los dueños para echar a los moradores, con procedimientos judiciales a menudo largos y económicamente costosos, y señaló que estos se ven temporalmente sin una propiedad en la que en muchos casos han depositado el trabajo y los ahorros que han conseguido a lo largo de su vida.
