Protección histórica y contemporaneidad, pasado y presente, casas con tradición y otras construcciones actuales que no desentonen con el entorno. El concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, realizó ayer una defensa del equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo como orientación urbanística y patrimonial para el casco lagunero. "Una ciudad histórica debe adaptarse a los tiempos", sostuvo después de que días atrás tres investigadores alertasen sobre una actuación prevista en la calle Manuel de Ossuna.
"Se han de respetar los edificios que haya que respetar, pero también permitir una adaptación de la ciudad a los nuevos tiempos, condiciones de vida y exigencias para el bienestar de la ciudadanía, porque, de lo contrario, esa ciudad acabará convertida en un montón de ruina", expresó el líder de Avante La Laguna durante una rueda de prensa en la Gerencia de Urbanismo. "El patrimonio inmobiliario en general es privado, y a los propietarios particulares no se les pueden imponer cargas que no puedan afrontar", añadió Pérez, que citó al recordado historiador y periodista Adrián Alemán.
Se oponía el edil a lo que ya ha dado en calificar en alguna ocasión como "actitudes ortodoxamente conservacionistas". "En una ciudad histórica deben coexistir los edificios protegidos, porque hay valores que proteger, y edificación contemporánea de calidad", apuntó. "Eso es exactamente por lo que tiene que velar la Gerencia de Urbanismo", prosiguió el también consejero director de ese organismo. "Y, si hubiera que hacer alguna modificación del Plan Especial para intensificar los requisitos de la calidad de la edificación contemporánea, se hará", apostilló.
En cuanto a la advertencia realizada sobre un edificio proyectado en el número 44 de Manuel de Ossuna, Pérez afirmó que hasta ahora la empresa promotora solo ha solicitado una certificación de alineaciones y rasantes. Eso sí, avanzó que el inmueble obtendrá licencia si cuenta con los requisitos exigidos: "Si el proyecto que se presenta cumple con las condiciones del planeamiento, la concesión de la licencia es un acto reglado". En otro caso, continuó, se estaría creando "un ambiente de inseguridad jurídica" y procediendo de forma "arbitraria". "La Gerencia de Urbanismo ha actuado conforme a la ley", remachó. "Si al final se impusiera un gobierno de los sabios historiadores, se instauraría un reino de la arbitrariedad y el resultado más que cantado sería la ruina de la ciudad patrimonio", abundó el concejal.
Sus manifestaciones llegaban después de que el pasado viernes, en una nota de prensa, el historiador del arte Carlos Rodríguez, el investigador Aarón Sánchez y el historiador y sociólogo Álvaro Santana viesen en el referido proyecto "otro nuevo golpe para el patrimonio histórico del centro de La Laguna". En el comunicado plantearon que el edificio proyectado incumple las Directrices Prácticas de la Unesco y la Ley de Patrimonio Canario.
No es la primera polémica de esta naturaleza que se produce en el presente mandato, casi siempre en las redes sociales. Detrás de estas ha habido en la mayoría de los casos más críticas políticas y en clave de cambio de postura -tras el posicionamiento adoptado en la etapa de gobierno anterior por Unidas se Puede, hoy uno de los socios de gobierno- que sobre la labor técnica. No en vano, el líder de esa coalición de izquierdas, Rubens Ascanio, llegó a comparecer en junio cuando se anunció que se ampliarían las edificaciones protegidas. Ese estudio, informó ayer Santiago Pérez, está "muy avanzado".
Cocheras de San Benito
El veterano edil también abordó este miércoles la obra que ha comenzado en las antiguas cocheras de la calle Marqués de Celada, en la parte baja de San Benito. Indicó que la actuación cuenta con las licencias requeridas, aunque insistió en algunas dudas, ya expresadas fechas atrás a este periódico, acerca de una modificación urbanística que se llevó a cabo hace más de una década a través del Plan Especial de Protección (PEP) del casco.
"La propuesta del PEP que se aprueba inicialmente contemplaba la construcción de un mercado público para la Villa de Arriba y, después, al límite del procedimiento, se modifica para darle un uso comercial privado", explicó. "También hemos pedido la certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de cuándo, en qué condiciones y cómo se produjo el traspaso de la propiedad de Transportes de Tenerife, por un precio de 4,5 millones de euros, a una sociedad constituida con un capital social insignificante y exactamente un mes después de que apareciera ya esta recalificación", agregó.
