El concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, ha precisado sobre las afirmaciones esgrimidas por Coalición Canaria (CC) en lo que respecta a las modificaciones presupuestarias aprobadas el pasado jueves por el Pleno, con el único voto en contra de José Alberto Díaz (CC), que "el Pleno se ha limitado a aprobar una modificación presupuestaria para dotar de una partida con la que poder atender el pago de unos servicios adjudicados ilegalmente en abril de 2019 por el propio José Alberto Díaz y su Gobierno, hasta que se resolviera un concurso que ni siquiera habían convocado".

Para el edil delegado de la Gerencia de Urbanismo "dicha modificación no supone obligación alguna para el Ayuntamiento de pagar a la empresa de rescate y socorrismo por los servicios prestados. Ahora habrá que examinar factura a factura y, en su caso, indemnizar a esa empresa por los gastos que realizó; pero no se pagará el beneficio industrial que haya obtenido como fruto de una adjudicación ilegal".

El edil ha remarcado que "dicha indemnización la acordará la Junta de Gobierno" y ha adelantado que, como denunciante del caso Reparos, "no intervendrá ni votará ningún expediente relacionado con los actos de prevaricación continuada cometidos por los Gobiernos de Fernando Clavijo y José Alberto Díaz".

Santiago Pérez enfatiza que "la gran diferencia entre lo que hacía el Gobierno de José Alberto Díaz y el de Fernando Clavijo es que ellos cometían francas ilegalidades al autorizar a determinadas empresas a continuar gestionando servicios públicos importantes de La Laguna, sin concurso. Por lo tanto, ilegalmente y, en muchas ocasiones, sin crédito presupuestario, doble motivo de ilegalidad". "José Alberto Díaz trata de confundir con la modificación presupuestaria para difuminar sus ilegalidades", incidió.

El concejal de Presidencia, Josimar Hernández, afirmó que "la Junta de Gobierno Local del mandato anterior, en concreto, en abril, aprobó la prórroga del servicio hasta el 31 de julio de 2019 y es por eso que la reserva de crédito era hasta la citada fecha. A la hora de poder abordar esos pagos, se tenía que realizar esa modificación presupuestaria que afrontase las indemnizaciones desde agosto de 2019 hasta marzo de 2020, fecha en la que se adjudicó el concurso convocado por el actual Gobierno".