El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna dio luz verde ayer a dos modificaciones presupuestarias para pagar más de 800.000 euros en facturas pendientes a proveedores que datan de mandatos anteriores. De ese montante, el importe más relevante es el que tiene que ver con cargos atrasados en la Concejalía de Fiestas, que van desde 2015 hasta 2019 y que suman 606.512 euros por la prestación de servicios que no se han abonado hasta el momento, relacionados sobre todo con la celebración de festejos en pueblos y barrios del municipio.

Este punto contó con el único voto en contra del concejal de CC José Alberto Díaz, mientras que el resto de compañeros de filas se abstuvieron.

El edil de Hacienda, Alejandro Marrero, destacó, durante la sesión plenaria celebrada ayer, que se han aprobado estas modificaciones que permitirán hacer frente a esas deudas de ejercicios pasados con cargo al remanente de tesorería, por lo que el pago "no provocará impacto alguno en los servicios ni áreas del Consistorio".

Nuevo acuerdo

En el caso de Fiestas, subraya que con este nuevo acuerdo "ya hemos alcanzado los 1,2 millones de euros, aproximadamente, para afrontar la deuda restante de mandatos anteriores, lo que permitirá a las empresas cobrar por sus servicios en este contexto económico tan complicado producido por la crisis sanitaria". A esta partida hay que sumar, según apunta, otros gastos antiguos derivados de otros departamentos, como son los 4.114 euros de Cementerios por acciones realizadas entre 2016 y 2018 y los 14.469 euros de la unidad de Mercado (correspondientes al periodo 2016-2019).

En una de las modificaciones presupuestarias aprobadas, Marrero agregó que se han incluido otros importes recientes, "como los 142.000 euros necesarios para compensar los costes que ha sufrido la Concejalía de Playas y Piscinas a consecuencia del estado de alarma", así como la puesta en marcha de nuevas acciones, como 384.568 euros para el mantenimiento de redes pluviales.

Asimismo, los miembros del Pleno dieron su visto bueno, por unanimidad, a la modificación de las bases reguladoras de las ayudas del Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas y, posteriormente, en la fachada del Ayuntamiento, se guardó un minuto de silencio para condenar el asesinato por violencia de género cometido en Santa Úrsula.