El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife), Santiago Pérez (Avante), ha denunciado este jueves que el llamado "caso Reparos" convirtió al municipio en una especie de "paraíso fiscal" en materia de contratación pública para determinadas empresas cuando gobernaron los dos últimos alcaldes de Coalición Canaria.

La Fiscalía Anticorrupción publicó ayer un informe fechado el 11 de marzo en el que apreciaba indicios de prevaricación continuada dentro una causa que abrió el propio Pérez hace dos años cuando pidió que se investigara la gestión de los exalcaldes Fernando Clavijo, ahora senador autonómico, y José Alberto Díaz, en sus decisiones de prorrogar determinadas concesiones municipales.

Santiago Pérez ha recordado que los dos Ejecutivos locales nacionalistas entre 2013 y 2017 dejaron extinguir los contratos de entre 17 y 20 empresas que gestionaban "la mayor parte" de los servicios que el Ayuntamiento prestaba a la ciudadanía.

Una vez extinguidos esos contratos, según el actual edil, los gobiernos de Clavijo y Díaz autorizaban a esas mismas empresas a seguir facturando y prestando esos servicios sin concurso público, "a dedo" y no bajo la condición de prórrogas, porque Santiago Pérez entiende que no se puede prorrogar "lo que no existe".

"Cada una de esas decisiones, antes de ser tomada, tuvo que enfrentarse a los reparos de la Intervención General, es decir, a la advertencia de un funcionario de que ciertos actos eran ilegales. Se han dictado desde el 2013 aproximadamente 180 decretos, levantando los reparos de intervención y autorizando siempre a las mismas empresas a gestionar servicios de cuantías millonarias", ha puntualizado el concejal denunciante del caso.

Todo esto, ha continuado, convirtió al municipio lagunero en una especie de "off-shore", de paraíso fiscal en materia de contratación pública, porque los exalcaldes Clavijo y Díaz "cerraron el mercado" y conformaron otro mercado "protegido" del que disfrutaban las mismas empresas en condición de "oligopolio", ha añadido Pérez.

Quedaron así derogados, según el concejal, los principios de libertad de concurrencia igualdad entre empresas interesadas y selección de la mejor oferta para la administración. "¿A cambio de qué se permitió esto?", se ha preguntado.

El concejal de Avante ha calificado asimismo de "muy consistente" el informe de la Fiscalía Anticorrupción y ha lamentado que el asunto haya estado dos años "sumergido" por la "inactividad absoluta", a su juicio, del Juzgado de Instrucción.

Pérez ha recordado, por otro lado, que compareció hasta dos veces en el pleno del Ayuntamiento (en el 2016 y 2017) para advertir públicamente de la posible ilegalidad de esas prácticas, y solicitó en ambas ocasiones a los Ejecutivos locales que acabaran con ellas.

Ha recalcado en esa línea que cumplió entonces su "deber legal" como cargo público, porque la ley lo obligaba a denunciar cualquier actividad que pudiera entender como ilegal y constitutiva de delito, como finalmente hizo a lo largo del 2018.

No obstante, no ha aclarado su continuidad en el proceso: "Tendré que decidir si continúo o no en la causa a partir de ahora, porque ya he cumplido con mi deber y, a partir de este momento, la acusación ya la ejerce el Ministerio Público", ha concluido.