El Ayuntamiento de La Laguna ha dado pasos en los últimos meses para que la sede del Área de Bienestar Social sea de propiedad municipal, hasta el punto de que actualmente todos los trámites administrativos se encuentran realizados. Así lo explicó el concejal de Hacienda y Asuntos Económicos del Consistorio lagunero, Alejandro Marrero, que precisó que la idea hasta que llegó el estado de alarma era abonar inicialmente una primera cuantía con cargo al presupuesto 2019 una vez se tuviese el remanente.

La importancia de la adquisición del inmueble, ubicado en el último tramo de la calle Herradores y propiedad de la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de San Cristóbal de La Laguna (Muvisa), es el ahorro que supondría para las arcas municipales. Y es que el pago de su alquiler conlleva un coste anual de unos 130.000 euros, esto es, a razón de unos 10.800 mensuales.

El expediente para la compra del edificio fue firmado en septiembre, según apuntó por entonces el concejal de Hacienda y Servicios Económicos, Alejandro Marrero, que detalló en aquella ocasión que la adquisición se encuentra ahora mismo pendiente de la tasación por parte del área de Obras e Infraestructuras. "En diez u once años amortizamos la inversión con respecto al precio del alquiler, que son unos 130.000 euros anuales", prosiguió. "Y luego pasaría al patrimonio del Ayuntamiento, que es lo más importante; no es un dinero que estamos destinando en vano", agregó.

Los cálculos que manejaban por entonces desde el Consistorio lagunero giraban en torno a una tasación de 2017 de alrededor de 1,5 millones de euros para estas instalaciones, que ya tuvieron algún protagonismo el pasado mandato y que hasta llegaron a ir a pleno en varias ocasiones. Marrero, tras su llegada al área, preguntó por la situación en la que se encontraba y le informaron de que había un alquiler y su cuantía. A partir de ahí decidió dar los pasos para iniciar el expediente para la adquisición.

Fue en enero de 2017 cuando se conocieron las cifras previas, resultado de un acuerdo de 2014. Concretamente, la concesión fue abordada por la Junta de Gobierno local el 8 de julio de ese año y el contrato fue suscrito dos días después. Desde la anterior Corporación lagunera argumentaron en su día que era un dinero que no iba destinado a un particular, sino que se quedaba dentro del Ayuntamiento al ser Muvisa una empresa pública.