Las sociedades investigadas durante el caso Corredor, y que presuntamente están vinculadas con el abogado y empresario Evaristo González Reyes, nunca colaboraron con la Inspección de Trabajo a la hora de aportar documentación sobre la situación de sus empleados. Así lo expusieron ayer cuatro funcionarios de dicho organismo que declararon como testigos-peritos durante el juicio que se desarrolla contra González Reyes y otras 14 personas por un fraude global a la Seguridad Social de 1.600.000 euros y falsificar contratos de trabajo para permitir que los empleados simulados obtuvieran prestaciones sociales o acceso a bienes de consumo por unos ingresos irreales.

Las inspecciones fueron llevadas a cabo en establecimientos como Kapitel, Tasca Lagunera, Tasca El Obispado, bar Mónaco, cafetería Royal, cafetería San Agustín o bar Bombero, entre otros. Uno de los inspectores manifestó que esa forma de operar de mercantiles como Osgozon o Maritrella, basada en la opacidad ante la administración, es muy poco normal y casi testimonial. Explicó que, de cada 300 empresas que reciben visitas y se les abre un expediente al año, solo "una o dos" no acuden a la cita a la que son convocadas por dicha institución. En la mayoría de esos casos, esa obstrucción está motivada por una elevada deuda con la Seguridad Social o por no tener contratados de forma legal a sus trabajadores. Se trata de una infracción grave.

En su turno de preguntas a los mencionados testigos, el principal investigado, en su condición de letrado que se defiende a sí mismo, les cuestionó si sabían cómo había acabado el expediente por tales actas de infracción. Ninguno de ellos conocía cómo se resolvieron sus propuestas de sanción. Eso sí, todos los funcionarios coincidieron en que las infracciones detectadas debían ser resueltas con una sanción de carácter administrativo.

Una de las empresas que más actas recibió fue Osgozon, que era la encargada en la época de la investigación de explotar el conocido pub Kapitel, en la confluencia de las calles Doctor Antonio González y Catedral. De hecho, a la persona que figuraba como administrador único de la misma, un decorador, la representante de la Fiscalía le solicita ocho años de prisión.

También testificó ayer el policía nacional que realizó la transcripción de escuchas telefónicas a varios de los acusados. En una conversación, una mujer solicita a Evaristo González que le haga una nómina falsa con la que sacar una tarjeta del desaparecido comercio Maya. En otra, uno de los investigados explica al principal acusado que ya tenía un sobre con el dinero para abonar diferentes gastos y que faltaba por pagar la Seguridad Social de los empleados del local Mónaco. En el folio 741 B de la instrucción figura una llamada entre Evaristo González y el asesinado Carlos Machín Quintero, donde este último muestra su preocupación por una posible sanción de Hacienda. Machín, un testaferro más que estaba implicado en este caso y que presuntamente fue ejecutado por orden de Evaristo, según la Policía Nacional, también habló con este empresario sobre el funcionamiento de sociedades reales o ficticias, así como si se dejaban morir o no, por sus elevadas deudas con la Seguridad Social. En otra conversación, González Reyes se refirió a viviendas que posee en el Sur y en el Puerto de la Cruz como "mi casa", a pesar de que figuran a nombre de empresas de su entorno.