El inspector de la Policía Nacional que dirigió la investigación del caso Corredor declaró ayer como testigo en el juicio que se desarrolla contra el abogado y empresario Evaristo González Reyes y catorce acusados más, por fraude a la Seguridad Social y elaborar contratos falsos para que algunos supuestos empleados obtuvieran prestaciones por desempleo y otras ayudas, así como aparentara un nivel de ingresos inexistente con el que acceder a bienes de consumo que, en realidad, no podían pagar. El citado mando aclaró que, cuando debían tomar una decisión, varios de los supuestos propietarios de diferentes empresas (testaferros u hombres de paja) siempre llamaban a González Reyes, que estaba en la cúpula de la organización detectada por los investigadores en torno a numerosos locales de ocio y restauración de La Laguna. Y, entre ellos, figuraba Carlos Machín, un presunto testaferro de Evaristo que, según la Policía Nacional, fue asesinado por orden de este en 2018.

El juicio se reanudó después de que la titular del Juzgado de lo Penal número 9 de Santa Cruz de Tenerife desestimara la recusación planteada por el principal investigado, que se defiende a sí mismo. La magistrada considera que dicha acción fue superflua y temeraria; que la Ley respalda su manifestación de que se podían plantear alegaciones en el recurso, así como que su objetivo era el "retardo malicioso" y dilatar el proceso.

El inspector reconoció que su investigación se inició a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, tras la declaración del empresario Carlos Calderón. Este alegó que Evaristo González quería echarlo del local Sketch, en la calle Barcelona, y para ello ejercía su influencia en la Policía Local para que lo agobiaran con la connivencia de cargos municipales. Calderón afirmó que una amiga suya presenció una conversación en un piso en la que estaba el principal investigado y una autoridad del Ayuntamiento. El inspector dijo que esa testigo, tras ver afectados sus intereses económicos y laborales, decidió regresar a su país y no quiso declarar. Así lo respondió el instructor de los atestados a preguntas del propio Evaristo. De forma curiosa, dicho mando también dirigió el Grupo de Homicidios para detener al empresario y abogado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Machín en mayo del pasado año. La estrategia de defensa del principal investigado se basó en plantear que él ejercía solo de apoderado o asesor de los dueños de diferentes mercantiles. Por ese motivo cuestionó al inspector Roldán si, de verdad, podía acreditar que él era propietario de las sociedades investigadas. El mando respondió a la fiscal y al letrado de la acusación que para su trabajo se basó en un informe de la Seguridad Social, en un análisis de Inspección de Trabajo, en las escuchas telefónicas efectuadas y el apoyo de policías nacionales de la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta especializados en Seguridad Social.

En uno de los documentos de este último organismo se plasmaba que había personas que cobraban pensiones, pero, con anterioridad, nunca habían cotizado a la Seguridad Social por las empresas en las que, de forma supuesta, estuvieron contratadas. Durante las pesquisas, los agentes detectaron que, además del principal investigado en la trama, y varios testaferros, también había una serie de personas que ejercían como captadores de ciudadanos a los que poder hacer contratos laborales falsos. Algunos acusados hablaron por teléfono de "empresas colchón", para referirse a aquellas que soportaban la contratación del personal que trabajaba en locales de ocio y restauración. Y, cuando algunas acumulaban más de 80.000 o 120.000 euros de deuda con la Seguridad Social, "las dejaban morir, según el inspector.