Evaristo González solo responde a las preguntas de su abogado

Hay que recordar que Evaristo González Reyes ya había salido el viernes de prisión para asistir a la primera sesión del juicio por una pieza separada del caso Corredor en la que está acusado de defraudar, de forma global y junto a 14 procesados más, 1,6 millones de euros a la Tesorería de la Seguridad Social y elaborar contratos falsos de trabajo. La Fiscalía solicita 44 años de cárcel para González Reyes, mientras que el abogado de la administración pide para él 30 años. A los otros acusados se les atribuye ejercer de testaferros y colaboradores del principal investigado. En el banquillo falta una persona: Carlos Machín Quintero, que fue asesinado la noche del 17 de abril del 2018 en la Escuela Oficial de Idiomas de La Verdellada. Y la Policía Nacional detuvo a Evaristo González Reyes como presunto autor intelectual de su muerte y por ese delito está en la cárcel desde hace siete meses, junto al sicario que disparó, el que llevó al anterior en coche y otros ayudantes relevantes.

La fiscal y el letrado de la Seguridad Social consideran que González Reyes disponía en el momento de los hechos de una organización compuesta por una serie de sociedades mercantiles para explotar locales de ocio y restauración, al frente de los cuales coloca a personas interpuestas que aparentan regentar dichos negocios, si bien es Evaristo el que toma las decisiones, dirige y controla todos ellos.

Los delitos

Para las acusaciones, el abogado, junto con el resto de procesados, se dedicó desde el 2006 a tres tipos de delitos. Uno era la defraudación a la Seguridad Social, ya que mediante sociedades mercantiles disponía de trabajadores cuyas cotizaciones no abonaba al organismo público. El otro consistió en elaborar contratos laborales simulados y nóminas mendaces para que los empleados se beneficiasen de subsidios o prestaciones por el paro. Y el tercero se basó también, según la Fiscalía y la Seguridad Social, en realizar contratos ficticios y nóminas falsas para que el personal fingiera una solvencia inexistente y adquiriese bienes y servicios a través de bancos, pero que después no serían pagados y se estafaría a terceras personas. La titular del Juzgado de lo Penal número 9 de Santa Cruz de Tenerife abrió ayer la vista oral en la sala principal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Hubo catorce acusados, ya que faltó una investigada, y una decena de abogados defensores.

La jornada estuvo dedicada a aclarar las cuestiones previas de las partes. Los letrados de la defensa centraron sus argumentos en dos cuestiones. Una es que no han tenido tiempo de leer la abundante documentación, que está contenida en 95 cajas. Y la otra se refiere a que buena parte de las acusaciones se basan en grabaciones telefónicas realizadas por los investigadores de la Policía Nacional y que ya fueron anuladas por una resolución judicial del 2015.

La exposición más extensa la protagonizó el abogado del principal investigado, Nicolás González Cuéllar, para quien se ha producido una vulneración del Derecho a la defensa, ya que solo el pasado miércoles les comunicaron a él y a otros compañeros que tenían a su disposición los tomos de la instrucción. Ante esa circunstancia y la elevada pena privativa de libertad reclamada para su cliente, solicitó posponer la celebración del juicio uno o dos meses. Relató que Evaristo González lleva siete años sin poder acceder a la documentación para defenderse. La jueza rechazó tal petición, puesto que, si no han consultado los tomos, es porque no han querido, ya que han estado disponibles desde marzo del pasado año.

El otro letrado que más habló para reclamar que se retrasara la vista oral fue Santiago Martínez, que defiende a la secretaria de Evaristo González. Ambos profesionales coincidieron en que el caso Corredor se inició por una declaración-denuncia de un empresario, Carlos Calderón, sin base sólida. Este último aportó una grabación de una conversación con el exalcalde de La Laguna y expresidente del Gobierno canario Fernando Clavijo, en su etapa como edil del citado municipio. Aclararon que Calderón se limitó a relatar una serie de inventos, "suposiciones y patrañas" sobre González Reyes, sobre el que contó que "tenía empresas y se dedicaba a blanquear dinero". La anulación de parte de las grabaciones permitió que Clavijo dejara de estar implicado en este asunto.

Según González Cuéllar, la grabación de Calderón a Clavijo no reunía los requisitos mínimos para que fuera válida (es decir, que estuviera en riesgo su vida o que concurriera un interés legítimo); no había indicio objetivo alguno de los delitos, ni se verificó la autenticidad o no del audio, o bien su manipulación. Santiago Martínez incidió en la nulidad de las grabaciones entre el 22 de septiembre del 2010 y junio del 2011.

Las propiedades

La fiscal defendió el encargo al Grupo de Delitos Económicos de la Policía de una investigación sobre lo expresado por Calderón y fruto de la misma se supo que Evaristo González tenía 21 propiedades, pero solo una a su nombre y el resto, bajo la titularidad de varias empresas, así como 36 vehículos; muchos de ellos clásicos de gran valor o de alta gama. Reconoció que el auto de 21 de septiembre del 2010 nunca existió, pero las grabaciones que aporta en su acusación corresponden a etapas anteriores y posteriores a ese periodo.

En palabras de la representante de la Fiscalía, existen otras pruebas, más allá de las conversaciones, para acusar al empresario y los otros 14 acusados. Citó los análisis remitidos por la Seguridad Social, que vinculan a Evaristo con las mercantiles que adeudan importantes cantidades de dinero a dicho organismo; las informaciones registrales o las actas de Inspección de Trabajo, que reflejan una obstrucción a la labor de control o aquellos empleados que no estaban dados de alta. Está convencida de que existen pruebas suficientes para acusar a todos los implicados. El letrado de la Seguridad Social también rechazó el uso de grabaciones anuladas para llevar a cabo la acusación o la falta de tiempo de las defensas para consultar la documentación-

Un asesinato

El empresario Carlos Machín Quintero fue asesinado en abril del 2017, al ser tiroteado dentro de su coche en el aparcamiento de la Escuela Oficial de Idiomas de La Verdellada. Era conocido por regentar dos locales de ocio nocturno, que, en realidad, pertenecían a Evaristo González Reyes. Machín fue, para la fiscal y el abogado de la Seguridad Social, un "testaferro más" del entramado del abogado. Y, de hecho, ayer tenía que haber estado en el banquillo de los acusados.

Evaristo permanece en prisión provisional en Tenerife II como presunto autor intelectual de su asesinato. El abogado y empresario planeó su ejecución, según el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Para ello, en base a la investigación, González Reyes adquirió diversos teléfonos para contactar con otros acusados de la muerte de Machín, de forma que las conversaciones no fueran detectadas por las fuerzas de seguridad. Los agentes dispusieron de una pieza clave en el complejo puzzle, como fue el plástico que protege una tarjeta SIM y que apareció en una gaveta de la habitación de la víctima. Ese elemento llevó hasta un teléfono móvil secreto de Machín, que no conocía ni su esposa. Las gestiones posteriores permitieron saber que, frente a la imagen que aparentaba dar ante su entorno, (de alejamiento de Evaristo), Carlos Machín mantenía conversaciones periódicas y muy frecuentes con el letrado y empresario lagunero. Hubo un día en que Evaristo dejó de coger el teléfono a Carlos. En el juicio que empezó el viernes pasador también está otro detenido por la ejecución de Machín, el abogado Santiago Martínez, acusado por el encubrimiento del asesinato.