Magdalena y Francisco conviven con sus dos hijos menores (16 y 8 años y con su hijo adulto, la pareja de éste y su bebé de cuatro meses en la vivienda de la que son inquilinos desde hace 8 años, ubicada en La Laguna. La empresa arrendadora quebró y, después de varios litigios, se reconoció en 2017 el título de arrendatarios a Magdalena y Francisco, aún en vigor. Sin embargo, los activos de la inmobiliaria pasaron a la Sareb (el conocido como banco malo, con un 45% de capital público). La familia, con tres menores, se enfrenta a una inminente amenaza de desahucio.

En octubre de 2019 les llegó un exhorto judicial a nombre de la inmobiliaria. La familia no se preocupó porque no estaba a su nombre y no sabían de qué se trataba. Tras explicar en sede judicial el error en la notificación y presentar un recurso, les confirman que hoy se propducirá el desalojo.

El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria dio "la voz de alarma" ante una medida que se aplicaría hoy. Magdalena y Francisco apenas disponen de unos ingresos de 322 euros para mantener a su familia. Solo piden que se respeten los derechos que han adquirido como inquilinos y que puedan conservar su actual vivienda en régimen de alquiler social. Sin otra alternativa habitacional ni alojativa, "no vamos a permitir que una familia con tres menores (uno de ellos de solo cuatro meses) acabe pernoctando en la calle. Exigimos a todas las administraciones una resolución inmediata, a la Sareb, que detenga este sinsentido y a toda la población de Tenerife y Canarias que se movilice para impedir este desalojo. Una sociedad en la que un bebé puede ser arrojado a la calle no merece ser considerada como tal".