Veintiuna personas fueron desalojadas ayer del edificio Dácil, en Bajamar, después de que el martes se conociese que presentaba problemas estructurales. Tal es su grado de deterioro, según los datos aportados desde el Ayuntamiento de La Laguna, que los vecinos tuvieron que dejar sus viviendas con la cautela de solo llevarse consigo aquellas pertenencias más necesarias y ligeras, no así elementos pesados, porque se consideró que una modificación de las cargas podría ser fatal en la construcción. El informe definitivo, que está previsto que se conozca mañana, será ahora el que determinará el futuro.

El inmueble, ubicado en la carretera hacia la Punta del Hidalgo y con desconchones en su fachada, cuenta con 24 casas y cinco locales comerciales. De ellos se encontraban en uso doce viviendas -seis en régimen de alquiler y otras tantas habitadas por parte de sus propietarios- y tres de los establecimientos (una oficina de seguros, un taller de costura y un restaurante de comida china). Recibida la noticia, parte de los afectados pudieron lograr por medios propios otro techo, mientras que el Consistorio alojó provisionalmente en hoteles a seis familias que no tenían adónde ir.

"Se les va a dar una alternativa habitacional provisional hasta que se determine si pueden ser objeto de ayudas por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento o de otras fórmulas que les permitan reanudar su vida con normalidad lo antes posible", expresó el concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida, Rubens Ascanio, ya durante la tarde, en la que también se celebró una reunión entre la Alcaldía, Urbanismo y Bienestar Social para marcar los siguientes pasos a seguir.

Una mañana tensa

La jornada empezó en Bajamar entre la tensión y las dudas. A primera hora de la mañana, casi todos los vecinos se mostraban confusos, hasta el punto de que había quienes no tenían claro que aquello realmente se fuese a llevar a cabo. Los había que limpiaban sus casas o que paseaban al perro mientras iban llegando los primeros representantes del Ayuntamiento de La Laguna. "El informe alerta de que casi el 100% de las catas tenía una consistencia estructural muy baja", apuntaba alrededor de las 10:00 horas Ascanio sobre los motivos de la decisión adoptada.

Tal y como habían avanzado la víspera desde el Consistorio a través de una nota de prensa, el edil de Unidas se Puede recordó que los dueños solicitaron en 2009 una licencia de obra que les fue concedida en 2013, "pero que no se había llegado a ejecutar". Ahora, cuando fueron a reactivar los trabajos, el arquitecto puso formalmente en conocimiento de Urbanismo que la situación del edificio, según un estudio efectuado por una entidad cualificada en servicios de inspección y certificación, presenta tal nivel de deterioro que no se descarta un colapso estructural. "Este riesgo inminente nos obliga a actuar de la manera más rápida", indicó.

Tras la llegada de una comitiva de técnicos de la Gerencia de Urbanismo, los residentes formaron un corrillo en la calle y, de viva voz, recibieron el anuncio que habían leído la noche anterior y sobre el que algunos albergaban la esperanza de que finalmente no fuese así. "El desalojo es inmediato", les informó una de las funcionarias, que puntualizó que se debía esperar por el resultado definitivo de los análisis, que será el que establezca las medidas que caben. Uno de los afectados opinó que, antes de sacarlos allí, deberían decirles adónde ir. "Nadie se va a quedar en la calle", respondió Rubens Ascanio, antes de admitir que se trataba de una "decisión complicada". "Es por la seguridad de ustedes", manifestó el también primer teniente de alcalde.

Las horas siguientes fueron de reuniones con los vecinos en el centro ciudadano, en las que se acabó determinando que el plazo para salir del Dácil vencería a las 17:00 horas. En esas citas, en las que también estuvieron presentes técnicos de Servicios Sociales, se abordaron las situaciones particulares. A partir de ahí fueron accediendo a sus casas para retirar sus pertenencias, mientras que desde Urbanismo procedieron a inspeccionar ocularmente las viviendas y locales.

Según enumeraron fuentes oficiales del Ayuntamiento, en el lugar estuvieron la jefa de sección de Disciplina Urbanística y otros dos técnicos de la Gerencia de Urbanismo, así como el arquitecto que había contratado la propiedad y un técnico de la empresa responsable de las catas. Las mismas fuentes precisaron que, aunque la comunidad le había encomendado las prospecciones a esa compañía, no le solicitó el informe y ahora sí lo ha hecho. "Ese informe es el que el viernes, junto a las distintas inspecciones que hagan los técnicos de Urbanismo, va a determinar el documento definitivo", detallaron.

"Al parecer, si se mueven los muebles, corre mayor riesgo la estructura porque tiene un grado de deterioro muy fuerte y daños no solo en el cemento", dio a conocer Rubens Ascanio, que estuvo acompañado este miércoles por la también concejala Idaira Afonso (Unidas) y asesores de esa misma formación política. "Solamente se pueden llevar la ropa y las pertenencias más valiosas que tengan; ya habíamos movilizado un guardamuebles para si hay posibilidad de apuntalar y realizar con seguridad el traslado", prosiguió.

Por su parte, el concejal responsable de Urbanismo, Santiago Pérez, señaló que durante la tarde decretó la situación de emergencia y que eso produce "plenos efectos jurídicos" para las medidas de alojamiento de los afectadas. "Hay una relación de causa-efecto evidente", argumentó el representante de Avante La Laguna, antes de agregar que los Servicios Sociales no habían tenido tiempo suficiente para comprobar si los vecinos poseían medios económicos o alojamientos alternativos. También aseveró que la decisión que adoptó se produjo con el "visto bueno" de varios funcionarios competentes en esa materia. En cuanto al informe urbanístico definitivo, Pérez afirmó que este resultará de una profundización "al máximo" en el estado del edificio, y no solamente "a la luz de lo que comuniquen los propietarios y su arquitecto".

Temor a 'otro' Neptuno

Las perspectivas poco halagüeñas que se desprenden de los informes de los que ya se dispone llevaron ayer al presidente de la Asociación Gran Poder de Bajamar, Andrés Padilla, a temer que el pueblo se pudiese quedar con un recinto vacío y en situación de abandono. "La pregunta ahora es: si finalmente esta situación se consolida y el inmueble no se puede recuperar, ¿qué va a ocurrir? ¿Vamos a tener un muerto viviente a la entrada de Bajamar durante años y años hasta que se encuentre la manera de derribarlo? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que Bajamar no necesita es otro edificio como el Neptuno a la entrada del pueblo", reflexionó. Mañana se comenzará a despejar la incógnita.