El Ayuntamiento de La Laguna ya tiene en marcha el proceso para la adquisición de la sede de Bienestar Social y Calidad de Vida, propiedad de la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de San Cristóbal de La Laguna (Muvisa) y que supone un coste anual de unos 130.000 euros a las arcas municipales, esto es, a razón de unos 10.800 euros mensuales. El expediente para la compra del inmueble fue firmado la pasada semana, según apuntó el concejal de Hacienda y Servicios Económicos, Alejandro Marrero.

El edil socialista detalló a este periódico que la adquisición se encuentra ahora mismo pendiente de la tasación por parte del área de Obras e Infraestructuras. "En diez u once años amortizamos la inversión con respecto al precio del alquiler, que son unos 130.000 euros anuales", prosiguió. "Y luego pasaría al patrimonio del Ayuntamiento, que es lo más importante; no es un dinero que estamos destinando en vano", agregó.

Hay una cifra orientativa de los términos finales en los que se puede cerrar la operación: existe una tasación de 2017 de alrededor 1,5 millones de euros. Marrero indicó que, una vez que esté definida la cantidad a pagar, el Consistorio abonará unos 850.000 euros este año a través de una modificación presupuestaria, mientras que el resto formará parte del presupuesto de 2019.

El coste de estas instalaciones, ubicadas en el último tramo de la calle Herradores, tuvo algún protagonismo el pasado mandato y hasta llegó a ir a pleno en varias ocasiones. El representante socialista señaló que, tras su llegada al área, preguntó por la situación en la que se encontraba y le informaron de que había un alquiler y su cuantía. A partir de ahí decidió dar los pasos para iniciar el expediente para la adquisición, en el que se encuentran las dependencias de una concejalía de la que es titular Rubens Ascanio (Unidas).

Fue en enero de 2017 cuando se conocieron las cifras previas, resultado de un acuerdo de 2014. Concretamente, la concesión fue abordada por la Junta de Gobierno local el 8 de julio de ese año y el contrato fue suscrito dos días después. Desde la anterior corporación argumentaron en su día que era un dinero que no iba destinado a un particular, sino que se quedaba dentro del Ayuntamiento al ser Muvisa una empresa pública. También anunciaron por entonces, en 2017, que se iniciarían los trámites para cambiar el contrato y que hubiera una opción de compra del edificio.