07 de mayo de 2019
07.05.2019
la laguna

Díaz denuncia en Fiscalía el rechazo de la oposición a sanear las cuentas

El alcalde señala que el Ayuntamiento está obligado a dedicar el superávit municipal a amortizar los créditos externos

07.05.2019 | 06:46
Pleno municipal celebrado el pasado 11 de abril.

El rechazo de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna a la propuesta del equipo de gobierno para ejecutar una modificación presupuestaria que permitiera dedicar un suplemento de crédito de 8.165.574 euros a saldar de forma anticipada la totalidad de la deuda financiera que mantiene el Consistorio con el Banco Santander ha acabado en los tribunales casi un mes después del pleno del 11 de abril en el que finalmente se aprobó una enmienda presentada por los ediles Rubens Ascanio, Santiago Pérez y Javier Abreu para que el superávit municipal se dedicara a acabar con la deuda de 5,6 millones de euros que la Corporación local tiene trabada con la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de La Laguna (Muvisa) y no a saldar dicha deuda externa. El alcalde lagunero, José Alberto Díaz (CC), considera que dicho acuerdo -que contó con 14 votos favorables frente a 10- es "lesivo" para las arcas municipales, por lo que ayer remitió a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife un escrito en el que pone en conocimiento los hechos para que, si lo estima oportuno el Ministerio Público, abra el procedimiento judicial que corresponda, tanto por la vía Penal como por la Contencioso-Administrativa.

El escrito remitido al Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso El Día, se acompaña del expediente completo para la tramitación de la modificación presupuestaria, que contaba con el beneplácito del informe de la Intervención municipal y se llevó a pleno. La denuncia se ampara en el artículo 30.6 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que señala que "cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal".

El informe del interventor municipal alude al articulado de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que "dispone que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si este fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda".

Y añade que "en caso de no atender el límite temporal de fin de este ejercicio para cumplir el destino del superávit, se estaría ante una infracción muy grave en materia de gestión económica-presupuestaria" prevista en la citada Ley 19/2013.

En este sentido, el grupo de gobierno municipal con el alcalde a la cabeza sostiene que conforme al articulado del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la medida en la que la enmienda de sustitución aprobada en pleno "contraviene el ordenamiento jurídico, se trata de un acto viciado y anulable, por lo que surge la obligación de que el órgano competente adopte las medidas necesarias para su depuración. Y, por toda vez que no resulta subsanable, la vía para ir en contra de los actos favorables pasa por la impugnación del mismo ante la jurisdicción contencioso-administrativa", previa declaración de lesividad por el propio pleno municipal.

Por ello, en el escrito se señala que la "lesividad" es en este caso "predicable" por infracción jurídica recogida en el artículo 103.1 de la Constitución. A ello, es preciso añadir -cita la denuncia- que "con la adopción del acuerdo se impide una amortización anticipada de la deuda financiera, con el ahorro de intereses, lo cual implica un perjuicio económico para el erario público, y la finalización anticipada del Plan de Ajuste para el periodo 2012-2022 al que está adherido el Ayuntamiento, como requisito del Plan de Pago a Proveedores", poniendo fin a las limitaciones y condicionantes para ejercer las facultades económico-financieras que el ordenamiento jurídico atribuye a las entidades locales.

En el pleno municipal celebrado el pasado 11 de abril, la moción presentada por el grupo de gobierno de Coalición Canaria fue rechazada mientras que la enmienda de sustitución presentada por Ascanio, Pérez y Abreu, recibió los apoyos de los concejales de Unidas Se Puede (6), Cs (2), XTF-NC (3), la socialista Silvia Rodríguez y los ediles no adscritos Javier Abreu y Yeray Rodríguez, mientras que votaron en contra CC (7), PP (1), PSOE (1), y el edil no adscrito Zebenzui González.

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