El Consejo de Gobierno aprobó ayer solicitar un dictamen al Consejo Consultivo que refrende la legalidad del acuerdo transaccional que prorroga el convenio de Las Chumberas. El objetivo es que, así, se tramite el aplazamiento del reintegro de los importes que cada una de las administraciones aportaron para la reposición de esta urbanización.

El Estado, la Comunidad Autónoma, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna se comprometieron a financiar las actuaciones de reposición y reurbanización del barrio mediante la firma de tres convenios, suscritos en 2011, 2015 y 2016. Estos tres acuerdos se extinguieron sin que las actuaciones hubiesen finalizado. En concreto, los dos primeros quedaron sin validez el 31 de diciembre de 2016, mientras que el tercero lo hizo el 31 de diciembre de 2018. La finalización de este plazo conllevaría la liquidación de los convenios extinguidos y que las administraciones que han financiado las actuaciones puedan solicitar el reintegro de los importes no justificados.

Debido a que esta situación podría comprometer el conjunto del proyecto, cuya conclusión es necesaria y de marcado interés público a la vista de las condiciones de las viviendas y las necesidades de las familias afectadas, las partes se reunieron para alcanzar una solución jurídica que permitiera dar continuidad a las actuaciones. Así, la solución aportada por el Ministerio consistió en la suscripción de un acuerdo transaccional en virtud del cual Fomento, el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo podrían aplazar el reintegro durante un plazo determinado. Durante ese tiempo, el Ayuntamiento se compromete a concluir las actuaciones, posponiendo así la fecha de justificación de la actividad y del gasto. Además, su firma no generará nuevas obligaciones económicas para las partes, ni supondrá renunciar al ejercicio del derecho de reintegro.

El texto definitivo del acuerdo transaccional se ha consensuado entre las partes durante los últimos meses y se ha iniciado su tramitación administrativa para proceder a su firma. Actualmente, en el ámbito autonómico, se ha emitido informe de los Servicios Jurídicos y de la Intervención General. Una vez emitido el dictamen por el Consejo Consultivo de Canarias, se elevará a la aprobación del Consejo de Gobierno. Por parte del Ministerio, una vez emitido el informe de su Abogacía, es necesario recabar el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, para someter el acuerdo a la aprobación del Consejo de Ministros.