Dinamarca indemnizará a miles de mujeres nativas groenlandesas por imponerles anticonceptivos sin consentimiento

El Parlamento danés aprobó este jueves indemnizar a las miles de mujeres de Groenlandia —territorio autónomo del Reino de Dinamarca— a las que se implantaron espirales anticonceptivas sin su consentimiento durante décadas.

La compensación asciende a 300.000 coronas danesas por persona, algo más de 40.000 euros, según la ley, aprobada por 100 votos a favor y 10 en contra.

"El significado de esta ley no se puede subestimar. Es un reconocimiento muy concreto del trauma causado a generaciones de mujeres groenlandesas", dijo Naaja H. Nathanielsen, diputada groenlandesa en el Parlamento danés.

"Discriminación sistemática" contra las groenlandesas

El otro representante groenlandés en la Cámara nacional, Qarsoq Høegh-Dam, acusó al Estado danés de haber ejercido una "discriminación sistemática" por su condición de groenlandesas y habló de una "violación de los derechos humanos".

"Es lo mínimo que podíamos hacer", dijo Høegh-Dam, que calificó el caso de "la punta del iceberg", en alusión a otros conflictos históricos entre Dinamarca y Groenlandia. Estos han ganado relevancia durante el último año por la crisis provocada por el interés del presidente estadounidense, Donald Trump, en hacerse con la isla apelando a motivos de seguridad nacional.

La televisión pública danesa DR reveló hace años que al menos unas 4.500 mujeres y adolescentes, algunas de solo 12 años, recibieron estos dispositivos, en varios casos sin consentimiento y con daños físicos y psicológicos posteriores. Las implantaciones se produjeron desde la década de 1960 hasta 1991, cuando Groenlandia asumió las competencias en sanidad.

Una campaña estatal de planificación familiar

La iniciativa formaba parte de una campaña estatal de planificación familiar en un territorio que en 1953 había abandonado su estatus de colonia para convertirse en una provincia danesa y estaba inmerso en un proceso de modernización.

Sus defensores sostienen que existía una planificación familiar estudiada —la isla tenía entonces una de las tasas de natalidad más altas del mundo— y que se pretendía reducir el número de interrupciones de embarazos no deseados entre las jóvenes. También destacan que las autoridades groenlandesas no se opusieron.

El expresidente autonómico groenlandés Múte B. Egede calificó, sin embargo, en 2024 lo ocurrido de "genocidio".

Dinamarca pidió perdón oficialmente

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el actual jefe del Gobierno groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, pidieron disculpas en septiembre del año pasado durante un acto oficial celebrado en Nuuk, capital de Groenlandia.

"Sólo hay una cosa correcta que deciros hoy: perdón. Perdón por la injusticia que se cometió con vosotras por ser groenlandesas, perdón por lo que os quitaron y por el dolor que se os causó. De parte de Dinamarca: perdón", dijo entonces Frederiksen.

El Gobierno danés había anunciado un año antes la creación de un fondo de reconciliación, que incluye distintos casos de discriminación, y la elaboración de una ley para indemnizar a las groenlandesas a las que se habían implantado espirales sin autorización.

Otra investigación y una demanda colectiva

Las autoridades groenlandesas han abierto también otra investigación sobre la continuidad de esta práctica desde 1992 hasta la actualidad y han reservado ya 4,5 millones de coronas, unos 600.000 euros, para el pago de posibles indemnizaciones.

La aprobación de la ley se produce un día antes de la publicación de un esperado informe encargado por el Gobierno groenlandés sobre las posibles implicaciones del caso en materia de derechos humanos.

"Ha sido muy importante para nosotros que no pasase demasiado tiempo y aprobar esta legislación. Pero es una casualidad que las dos fechas cuadren tan cerca una de otra", dijo Frederiksen tras una comparecencia parlamentaria.

La primera ministra reiteró la gravedad de los hechos y el daño causado, y recordó que ya se ha producido una disculpa pública y que la compensación es "única por su carácter", aunque evitó especular sobre las conclusiones del informe.

El caso es además objeto de una demanda colectiva de 143 mujeres groenlandesas contra el Estado danés por vulneración de los derechos humanos. Las demandantes reclaman 43 millones de coronas —unos 5,8 millones de euros— en un proceso que se espera que llegue a los tribunales en 2027.