Alemania introduce la "jubilación activa" para compensar el golpe al sistema de los 'boomers'

"Es una oportunidad para prolongar voluntariamente la vida laboral más allá de la edad de jubilación", en palabras del canciller Friedrich Merz. Y "no es injusto de cara a los autónomos actuales, puesto que hablamos de personas que ya contribuyeron lo suyo al sistema de pensiones", según el portavoz del Gobierno, Stefan Kornelius.

Con estos argumentos ha aprobado en Consejo de Ministros la coalición entre conservadores y socialdemócratas de Merz la llamada "jubilación activa", una fórmula que permitirá a los jubilados seguir trabajando por cuenta ajena e ingresar hasta 2.000 euros libres de impuestos. El propósito del Ejecutivo es paliar los efectos en el mercado laboral de los 'boomers', la generación que se apresta a pasar al retiro. Un tercio de ellos se jubilará antes de alcanzar la edad regular de retirarse --67 años--. Hasta ahora, todo jubilado podía seguir laboralmente activo, como empleado o por cuenta propia. Pero entraba en la dinámica de la llamada "progresión fiscal", según al cual la suma de su pensión y de los ingresos adicionales podía restarle hasta el 40% sobre las ganancias generadas por ese trabajo.

Vida laboral eterna

Aproximadamente uno de cada cuatro jubilados se mantienen ya en Alemania laboralmente activos, al menos entre los 65 y los 70 años. En algunos casos, por motivación personal. En general, sin embargo, porque con la pensión no les alcanza. Pasaron a la historia los tiempos de los jubilados ricos alemanes de vacaciones permanentes o al sol. La realidad es que actualmente la pensión media en Alemania se situa tras 45 años cotizando al seguro de jubilación en los 1.604 euros, según cifras de 2024. Ese nivel medio baja a los 1.100 euros si se tiene en cuenta al conjunto de los 22 millones de ciudadanos retirados de Alemania.

Se estima que unos siete millones de personas pasarán a la jubilación hasta 2039. La fórmula ideada por la coalición de Merz responde a la búsqueda desesperada de su Gobierno para soluciones para el mal endémico del mercado laboral de Alemania que es la falta de personal cualificado. Pese a las cifras récord de ocupación, con más de 45 millones de ciudadanos laboralmente activos --incluidos quienes trabajan en mini-jobs, subempleos o en régimen de jornada reducida--, se calcula que hay unos 700.000 puestos de trabajo por cubrir. Esta situación lastra la ansiada reactivación de la primera economía de la UE, que arrastra ya dos años consecutivos en recesión y que, con suerte, cerrará este 2025 con estancamiento o crecimiento mínimo.

Se trata, además, de paliar la situación de unas pensiones cada vez más bajas para el ciudadano de ingresos medios o bajos. Según un estudio reciente, uno de cada cinco alemanes por encima de los 65 años está en riesto de exclusión social o pobreza. Por este concepto se entiende, según el departamento federal de Estadística, Destatis, a quienes viven con ingresos inferiores al 60% de un sueldo medio.

La jubilación activa no es la única fórmula que se baraja en Alemania como solución a las estrecheces del sistema de jubilaciones. Expertos de institutos económicos de referencia han planteado la posibilidad de que coticen en el seguro obligatorio los 1,9 millones de funcionarios del país. No están incluidos en el mismo sistema de pensiones que el resto de los ciudadanos, pero su jubilación futura se situará muy por encima de la mayoría de sus compatriotas, con unos 3.240 euros.

Sanciones en cascada

La jubilación activa ha sido aprobada ya en Consejo de Ministros y se espera que supere el trámite parlamentario para entrar en vigor el primero de enero de 2026. Pendiente de concreción está aún el paquete de sanciones para los perceptores del subsidio básico aptos para trabajar pero que esquivan las ofertas de empleo. El bloque conservador convirtió en caballo de batalla electoral la supresión de ese concepto para los desempleados crónicos capacitados para trabajar al menos unas horas al día. Son unos 5,6 millones de perceptores, la mitad de los cuales ciudadanos extranjeros y unos 750.000 de nacionalidad ucraniana.

El sistema de sanciones se activaría en cuanto un perceptor ignorase sin causa justificada una cita para presentarse a una oferta de trabajo. Inmediatamente recibirá una segunda citación, que de no atenderse supondrá un recorte de un 30% en el subsidio. A la tercera falta se le suspenderá completamente esa prestación.

La implantación de las sanciones en cascada está pactada entre los conservadores y sus socios socialdemócratas. Los detalles y regulación está aún pendiente de regulación entre los coaligados.

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