El Supremo de EEUU permite a Trump retirar la residencia temporal a 532.000 inmigrantes

El Tribunal Supremo de EEUU ha decidido permitir al Gobierno de Donald Trump la retirada de la residencia temporal de más de 532.000 inmigrantes. La decisión permitirá en la práctica retirar el estatus de protección temporal concedido por la anterior Administración a ciudadanos procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.

La Corte Suprema, en una opinión sumaria de 7 a 2, suspendió una decisión del tribunal de primera instancia que había impedido que el Departamento de Seguridad Nacional pusiera fin a los "programas de libertad condicional" que otorgan a los inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela un estatus legal temporal mientras continúa el litigio.

La decisión allana el camino para que la Administración deporte a unos 532.000 migrantes y sigue a la orden judicial del 19 de mayo que permite al Departamento de Seguridad Nacional poner fin a las protecciones legales de 350.000 venezolanos bajo un programa diferente.

"Bloqueo a decisiones individualizadas"

El tribunal no ofreció ninguna explicación a esta decisión. Las juezas liberales Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor discreparon, argumentando que el tribunal "subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno trastoque precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de extranjeros mientras sus demandas legales están pendientes". El procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, principal abogado de la Administración Trump ante la Corte Suprema, declaró a los jueces que tomar decisiones individualizadas sería una "empresa colosal".

El último conflicto afecta a personas que ingresaron al país durante la presidencia de Joe Biden tras conseguir un patrocinador estadounidense y obtener la aprobación del Gobierno. El Gobierno de Biden amplió el uso de la libertad condicional —una herramienta diseñada para admitir temporalmente a personas por razones humanitarias o de interés público— mediante el establecimiento de procesos especiales dirigidos a esos cuatro países.

Aproximadamente 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresaron a Estados Unidos bajo los programas de Biden, generalmente por un período de dos años. No está claro cuántos permanecen en el país bajo ese estatus. Al impedir que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocara los programas, la jueza federal de distrito Indira Talwani, en Boston, afirmó que la ley federal de inmigración parece exigir que la libertad condicional se revoque caso por caso, no categóricamente.

Impugnación victoriosa

La Administración Trump ha logrado de esta forma impugnar el fallo de una jueza federal -que queda por ahora sin efecto- del estado de Massachusetts que consideró que el Gobierno no podía anular este 'parole humanitario', que permitía a estas 532.000 personas vivir y trabajar de manera provisional en EEUU, sin analizar el procedimiento caso por caso. En el escrito de desacuerdo, Brown Jackson considera que "el tribunal literalmente ha hecho una chapuza con su dictamen hoy". "(El tribunal) no exige prácticamente nada al Gobierno en cuanto a daños irreparables. Y subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno trastoque precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de extranjeros mientras sus demandas legales siguen pendientes", escribe la jueza.

Brown Jackson subraya que el más de medio millón de migrantes encara ahora "dos opciones insostenibles". Por un lado, pueden optar por abandonar EEUU y enfrentarse a "peligros en sus países de origen", tal y como advirtió ya la jueza de Massachusetts, o pueden permanecer en el país después de que expire su 'parole' "y arriesgarse a una expulsión inminente a manos de agentes del Gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva".

El 'parole humantario'

El de hoy es el segundo fallo del Supremo este año en este terreno, después de que hace 10 días autorizara a Trump a retirar el estatus de protección temporal (TPS) a unos 350.000 migrantes venezolanos. El republicano retornó a la Casa Blanca con la promesa de endurecer enormemente la política migratoria del país, lo que, según él, incluye la expulsión de millones de inmigrantes. El conocido como 'parole humanitario' fue ampliado en enero de 2023 por el expresidente Biden (2021-2025) para facilitar la inmigración legal de ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, entre las nacionalidades con mayor representación entonces en las llegadas irregulares a la frontera sur con México.