¿Son realmente de fiar los países que la UE considera "seguros"? Chequeo a Kosovo, India, Colombia, Túnez, Marruecos y Egipto

La Unión Europea lleva años endureciendo su política migratoria con el objetivo de frenar los flujos de llegadas con medidas cada vez más controvertidas. Ahora, los Veintisiete avanzan hacia el desarrollo del Pacto Migratorio aprobado en la pasada legislatura y la adopción de una lista de países "seguros" que acelerará los procedimientos de retorno de los nacionales de estos Estados una vez se les deniegue su petición de asilo, algo que actualmente pueden frenar los tribunales. En paralelo, la Comisión ha propuesto flexibilizar las normas sobre estos terceros países considerados seguros, ampliando los supuestos en los que se podrán expulsar a los migrantes y elimina la necesidad de que exista un vínculo entre las personas que piden asilo y el país al que es trasladado. Simplemente pasar por un país seguro es suficiente para poder ser trasladado allí. A esto se suma la también propuesta de Bruselas de legalizar el uso de centros fuera de la UE para deportar a migrantes, lo que recuerda a las experiencias del Reino Unido en Ruanda o de Italia en Albania.

Según la Comisión, los países considerados "seguros" deben tener regímenes democráticos y respetar los derechos humanos, así como no expulsar o extraditar a sus propios ciudadanos a países donde exista un riesgo grave de persecución, tortura o pena de muerte.

En EL PERIÓDICO, pasamos revista a algunos de estos países:

Kosovo: El riesgo de quedar atrapados en un limbo

La propuesta de la Comisión de incluir a Kosovo en una lista de "países seguros" ha encendido las alarmas entre numerosas organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos y los derechos de los migrantes en Europa. De hecho, en el caso específico de Pristina, la idea aún presenta múltiples aspectos no claros, debido a la excepcionalidad kosovar en sí, así como incógnitas sobre su legitimidad jurídica en el marco legislativo europeo y de los países miembros.

Más de 6.600 personas procedentes de Kosovo presentaron una solicitud de asilo en algún país de la Unión Europea (UE) en 2024, alegando motivos políticos, religiosos u otros. Esto, de entrada, genera dudas sobre cómo puede encajar la propuesta de la CE en un país en el que persiste un conflicto interétnico —herencia de una sangrienta guerra en los años 90— entre la mayoría albanokosovar y la principal minoría del país, los serbokosovares (actualmente un estimado 4% de la población). A esta minoría pertenecen, de hecho, unas 250.000 personas que, según ACNUR, son desplazados internos o hacia países cercanos desde 1999, año en que la OTAN bombardeó Belgrado.

Pero la designación de Kosovo como "país seguro" no solo plantea riesgos para los miembros de esta minoría que intenten solicitar asilo en algún país de la UE. En caso de que este concepto se aplique también a ciudadanos de países terceros —es decir, que se deporten al país migrantes no originarios de Kosovo, sino de otros Estados—, lo que parece ser el objetivo final de la propuesta de la CE, surgen dudas sobre cómo un país aún inestable y empobrecido, no reconocido por cinco Estados miembros de la UE —entre ellos, España— y situado en rutas del tráfico de personas, podría garantizar una protección efectiva de los derechos de los migrantes deportados.

En esta línea, la opinión de Catherine Wollard, directora del European Council on Refugees and Exiles (ECRE), es contundente. "Kosovo no puede considerarse un país seguro al que enviar personas. No existen las condiciones necesarias para proporcionar el nivel de protección requerido para refugiados y otros migrantes", afirma, en declaraciones a EL PERIÓDICO. Además, "si la idea es enviar a los solicitantes de asilo rechazados a centros allí, es probable que queden atrapados en un limbo y sean objeto de detención. Y también existe el riesgo de fomentar aún más el negocio de los traficantes, ya que estas personas intentarán regresar a la UE", añade. En cuanto a los propios ciudadanos kosovares, que se estudie que sean regresados allí, "también es discutible".

Una opinión, esta, que comparte la Coordinación Europea de Amnistía Internacional. "La posición de Amnistía al respecto es que Kosovo no está exenta de problemas relacionados con los derechos humanos y la discriminación. Las minorías serbia, romaní y ashkali [originaria esta última de Irán] han vivido y siguen viviendo situaciones de verdadera segregación", ha explicado la organización en un mensaje remitido a este diario. Por ello, "no sería sorprendente que [se produzcan] violaciones de derechos humanos", ha añadido.

Sokol Zeneli, investigadora del centro kosovar Re-Act Lab, subraya asimismo que "Kosovo no tiene la capacidad ni para gestionar centros de asilo ni para coordinar la deportación de estos migrantes, y esta información es señalada de forma reiterada por la Comisión Europea en los informes sobre el país". Como consecuencia, de implementarse la medida, se correría el riesgo de sobrecargar el sistema, con la consiguiente "posibilidad de detenciones arbitrarias en condiciones deficientes, de un mayor riesgo de devoluciones forzadas si las solicitudes no se evalúan adecuadamente, y de incumplir el deber de proteger a estas personas de tratos inhumanos o degradantes".

India: una política arbitraria al albur del nacionalismo hindú

India ha sido un tradicional refugio para los perseguidos por su raza o religión y huidos de guerras. Bengalíes desde Bangladesh, tamiles desde Sri Lanka, tibetanos desde China, afganos, africanos, judíos en el Holocausto... Un vasto país con variadas religiones y étnicas y una Constitución ejemplarmente laica fue la salvación de muchos. Sobre su reputación actual hay más dudas. Contribuyen la subida al poder en 2014 del partido Bharatiya Janada, del ultranacionalista hindú Narendra Modi, y una falta de regulaciones que permite decisiones discrecionales, en algunos casos, y arbitrarias, en muchos otros.

India no ha firmado la Convención de la ONU sobre el estatus de Refugiados de 1951 ni su protocolo de 1967. Tras la Segunda Guerra Mundial, India arrastraba aún el trauma de la partición y su primer ministro, Jawaharlal Nehru, aludió a razones de seguridad nacional. Esa percepción de los aluviones de refugiados ha perdurado durante décadas. Un par de leyes complican el cuadro. El Acta de Extranjería de 1946 permite las deportaciones sin miramientos. Y en 2019, ya con el Bharatiya Janada en el Gobierno, fue promulgada la Ley de la Ciudadanía, más conocida como ley anti-musulmana, que se la concede a inmigrantes hasta entonces ilegales de varias minorías religiosas (hindús, sikhs, budistas, parsis y cristianos). Excluye a los musulmanes porque, en opinión de Modi, ni son una minoría ni necesitan la protección oficial.

La India, en resumen, carece de una política clara sobre refugiados y las decisiones son tomadas por su Ministerio del Interior por intereses geopolíticos, ímpetus nacionalistas o simples ventoleras En algunas ocasiones el Tribunal Supremo, un órgano extrañamente sensato y respetado en un país caótico e imprevisible, ha frenado expulsiones de extranjeros negando su riesgo para la seguridad nacional o subrayando el riesgo para sus vidas.

Casi 300.000 personas son clasificadas como refugiados en la India. Viven en su mayoría en las ciudades, el 46% son mujeres y el 36% son niños, según la ONU. Los reconocidos por el Gobierno tienen acceso a la educación, servicios médicos, empleos y alojamiento en campos de refugiados. Los 85.000 tibetanos llegados a India desde que el Dalai Lama huyera en 1951 de Lhasa disfrutan de una situación relativamente desahogada, repartidos en 45 campos en una decena de estados, muchos empleados en el sector privado. También los cerca de 60.000 tamiles en los estados de Tamil Nadu y Odisha gozan de políticas generosas y ayudas a la educación.

En la esquina contraria están las decenas de miles de musulmanes rohingya, la etnia más castigada del mundo, sin ningún país que los reconozca como propios. La implacable persecución que sufren en Birmania ha espoleado su éxodo por la región en las últimas décadas e India cuenta con unos 20.000. Nueva Delhi los considera inmigrantes ilegales y los somete a aquella mohosa Ley de Extranjería. No es el clima político de supremacismo hindú el más idóneo para los rohingya pero carecen de opciones mejores. Las deportaciones ordenadas por Nueva Delhi en 2017 generaron la repulsa global y persiste la impresión de que el Gobierno no sabe qué hacer con ellos. El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano anunció tres años atrás que recibirían apartamentos en la capital e instalaciones imprescindibles. El Ministerio del Interior lo desmintió horas después, anunciando que los "extranjeros ilegales" permanecerían en centros de detención hasta su expulsión. El ministro, Amit Shah, había desdeñado a los inmigrantes como "termitas" que drenaban los fondos públicos y ponían en riesgo la seguridad nacional.

Colombia: los asesinatos de líderes civiles empañan la tradición de asilo

El exilio político y económico, los derechos al asilo y el refugio forman parte de la historia institucional de Colombia. La presencia en su territorio de 2.815.611 inmigrantes venezolanos da cuenta de una tradición que con el Gobierno de izquierdas de Gustavo Petro adquiere otra amplitud. Hasta que estalló la crisis venezolana, Colombia no formaba parte del conjunto de los países latinoamericanos que absorbieron fuertes migraciones europeas. México, Argentina, y también Chile, abrieron sus brazos al exilio republicano. El primero de los países lo hizo con los que huían de las dictaduras sudamericanas. Su embajada en Santiago llegó a albergar a más de 700 personas tras el derrocamiento de Salvador Allende, en septiembre de 1973. En el caso argentino, fue significativo a su vez la presencia de intelectuales, músicos y científicos que huyeron del nazismo.

"Colombia es tierra de asilo", ha reivindicado Petro, al otorgar esa condición al controvertido exmandatario panameño Ricardo Martinelli, quien se encontraba en la embajada nicaragüense del país centroamericano y en 2023 fue condenado por la justicia panameña a más de 10 años de prisión tras ser hallado culpable de recibir sobornos. Petro recordó a sus críticos que el asilo es "un derecho universal" en el que no importa la condición o ideología de quienes salen beneficiados, "sean de derecha o sean de izquierda". Explicó que esa misma consideración se tuvo con "perseguidos" del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Se calcula que unos 300 nicaragüenses se encuentran en territorio colombiano. Parte de esas personas han obtenido la doble nacionalidad. El Ministerio de Exteriores recordó que su decisión se fundamenta en los principios humanistas que llevan a proteger a personas perseguidas por razones políticas.

Colombia aplicó un criterio de acogida similar cuando en 1992 el expresidente peruano Alan García se asiló en su embajada en Lima después del autogolpe de Alberto Fujimori. El autócrata autorizó su salida del país en un avión militar colombiano que lo llevó a Bogotá. García, por entonces líder del APRA pudo lograr aquello que le fue vedado al fundador de su partido, Raúl Haya de la Torre, quien, en 1948, tras una revuelta militar en Perú, entró a la legación diplomática colombiana. Su situación se dirimió en la Corte Internacional de Justicia. El dictamen no fue favorable al político socialdemócrata.

La idea de Colombia como "país seguro" no deja de tener sus aristas controvertidas para los organismos de derechos humanos. En 2024 fueron asesinados 157 líderes y lideresas sociales. Entre enero y abril la cifra es de 69 e incluye también a firmantes del acuerdo de paz de 2016.

Túnez: dictadura y xenofobia

Túnez es un país sometido a un régimen represivo donde se persigue y se encarcela en masa a la disidencia, se censura a los medios de comunicación y se registran violentos actos de xenofobia contra migrantes subsaharianos, alentados desde lo más alto del poder. El presidente, Kaïs Saied, un 'outsider' de la política, llegó al poder en 2019, pero en 2021 emprendió una deriva autoritaria al suspender las actividades del Parlamento y asumir el poder judicial, y anunció que iba a dirigir el país a golpe de decretos ley.

La represión de su mandato ha quedado reflejada recientemente en el macrojuicio celebrado en abril y en el que 40 personas, entre dirigentes de la oposición, activistas, periodistas, abogados y empresarios fueron condenados a penas de prisión de entre 13 y 66 años acusados de "conspirar contra la seguridad del Estado". "La detención arbitraria se ha convertido en la piedra angular de la represión y múltiples detenidos se enfrentan a la pena de muerte por sus declaraciones o actividades políticas", afirma un reciente informe de Human Rights Watch.

Las condenas tuvieron una respuesta tenue de la UE, más preocupada por mantener los acuerdos con Túnez en materia de migración. En 2023, Bruselas firmó un memorándum en el que el país norteafricano se comprometía a desincentivar la salida de migrantes de sus costas. A cambio el régimen ha obtenido una generosa ayuda económica para la "gestión de las fronteras".

El problema migratorio no solo afecta a los subsaharianos que eligen Túnez para dar el salto a Europa. También a los propios tunecinos que en los últimos años han llegado a miles a las costas de Italia. Pero el régimen centra su persecución sobre todo en los no nacionales y con prácticas xenófobas. El presidente es el primero en alentar el racismo entre la población tunecina alimentado la teoría conspirativa del "gran reemplazo", muy extendida entre la extrema derecha europea. 

La versión de Saied sostiene que una "empresa criminal" pretende "cambiar la composición demográfica" de Túnez para transformarlo en un país "solo para africanos", despojándolo de "carácter árabe y musulmán". Sus palabras desataron una oleada de agresiones a inmigrantes en la ciudad costera de Sfax, punto de salida de pateras hacia la costa italiana. 

El régimen ha desmantelado varios campamentos de migrantes en esta ciudad y otras localidades. También ha trasladado a la frontera de Libia y Argelia a muchos de ellos, abandonándolos en pleno desierto sin comida ni agua. Algunos han muerto de sed. Y mientras esto sucede, la UE mira hacia otro lado.

Marruecos: miles de refugiados varados a la espera de una salida

Aunque Marruecos ha sido considerado durante mucho tiempo como un país de tránsito para las personas migrantes y refugiadas, la última parada antes de intentar de jugarse la vida para lograr llegar a Europa, estos últimos años se ha convertido en un embudo que frena el avance de estas personas. Algunas lo intentan por otras vías o países vecinos, pero otras se quedan varadas en el país magrebí a la espera de una solución. Según las últimas cifras públicas de ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados), en Marruecos hay registrados cerca de 20.000 demandantes de asilo, según las últimas cifras disponibles, de 2023. Una parte son originarias de países del golfo de Guinea, pero este último lustro también han aumentado la llegada de personas que escapan de la guerra en Sudán y países vecinos.

La mayoría de ellos dependen de la ayuda de organizaciones y organismos internacionales, a diario decenas de ellos hacen cola en la oficina de ACNUR en Rabat, para poder pedir asilo como refugiados. Aunque Marruecos ha firmado y reafirmado diferentes convenios internacionales como la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados el 7 de noviembre de 1956, el registro y asistencia de personas refugiadas lo lleva a cabo esta agencia. Según explican desde esta organización, su misión es ofrecer esta asistencia de manera temporal, con el objetivo de que el país tome el relevo, aunque de momento no hay fecha prevista.

Una de las pocas salidas que tienen las personas refugiadas que se encuentran en Marruecos es lograr, a través de ACNUR y la OIM (Organización de Naciones Unidas para las Migraciones) que sean trasladadas a países que los quieran acoger. Los principales destinos, estos últimos años han sido Estados Unidos y Canadá. El año pasado, 176 y 205 personas fueron reubicadas a estos dos países respectivamente. Un proceso largo, que puede durar más de tres años desde que haces la petición. Precisamente, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, EEUU ha cortado su programa de acogida y decenas de refugiados que viven en Marruecos se han quedado sin poder viajar. Otra decisión del presidente estadounidense, ha sido cortar los fondos destinados a cooperación, algo que ha supuesto un mazazo importante para ACNUR, que ya arrastraba un déficit importante, que ha supuesto recortes en la asistencia que ofrecen en Marruecos.

Marruecos es un pilar importante en la política europea de externalización de fronteras. La UE firmó con Rabat una ayuda de 500 millones de euros para el periodo 2021-2027, destinado al control fronterizo. También hay que sumar las ayudas que manda España, por lo que diferentes expertos consideran que la cifra es superior. No se trata solo de dinero, también de vehículos, material y otros elementos para vigilar y frenar intentos de salto en Ceuta o Melilla o de salida de pateras. Organizaciones, tanto marroquíes o internacionales, denuncian que Marruecos ejerce de "gendarme" de Europa, algo que se traduce en redadas, detenciones y desplazamientos forzados en el interior del país, como apunta Amnistía Internacional. En estos últimos años, diferentes grupos de personas refugiadas, en su mayoría sudanesas, se han manifestado en Casablanca o Rabat, para denunciar que "Marruecos no es un país seguro" y reivindicar los derechos que tienen como personas refugiadas. También lamentan la precariedad en la que viven. Uno de los momentos de mayor tensión fue en el intento de salto de cerca de 2.000 personas en Melilla en 2022, que la policía marroquí intentó frenar y que terminó en tragedia: al menos 37 personas muertas, aunque las oenegés defienden que la cifra fue superior y que sigue habiendo decenas de desaparecidos.

Egipto: deportaciones de refugiados sudaneses en plena guerra

Egipto se ha convertido en la principal escapatoria para los sudaneses que huyen de la guerra, aunque varias organizaciones alertan de la "precaria" protección de estas personas, que viven con el riesgo de ser deportadas. Desde que estalló el conflicto, en abril de 2023, un millón y medio personas han cruzado la frontera egipcia, dos terceras partes mujeres y menores, según Naciones Unidas. A los pocos meses del inicio de la guerra, el Gobierno egipcio impuso visado obligatorio para todos los sudaneses; anteriormente las mujeres, niños y hombres mayores de 49 años, podían cruzar sin él. Esto ha provocado que la población de Wadi Halfa, ciudad sudanesa próxima a la frontera donde hay un consulado egipcio, se haya convertido en una enorme sala de espera.

También ha empujado a muchos otros a arriesgar para cruzar la frontera de manera clandestina, a través del desierto, ante la imposibilidad de hacerlo de manera regular y segura. Lo que ha aumentado su vulnerabilidad. El verano pasado, las altas temperaturas provocaron la muerte de al menos 80 personas que habían cruzado desde Sudán, según informaron dos hospitales a ACNUR. Otros 11, murieron quemados tras un accidente de la furgoneta con la que pretendían pasar irregularmente.

Tras la obligatoriedad de visado, aumentaron las redadas en el país. "Las leyes migratorias egipcias otorgan amplios poderes al Ministerio del Interior para detener indefinidamente a extranjeros en espera de deportación, sin garantías contra el refoulement (devoluciones a países donde peligra su integridad)", explica Amnistía Internacional. Detalla que los refugiados sudaneses están especialmente expuestos en zonas urbanas de El Cairo, Guiza y la región de Asuán (al sur del país) y que la policía, mayoritariamente de paisano, realiza controles sistemáticos de documentación a personas negras.

Las personas arrestadas que no disponen de visado o residencia son trasladadas a centros policiales o al sur del país para ser deportadas. "Las condiciones en los centros de detención son crueles: hacinamiento, falta de higiene, alimentos deficientes y ausencia de atención médica adecuada", describe la organización en defensa de los derechos humanos. Antes, estar registrado en ACNUR era una cierta garantía de seguridad que evitaba ser arrestado, "sin embargo, las tendencias recientes indican que esto ya no es así, ya que las autoridades egipcias han intensificado los arrestos y deportaciones, incluso en casos de personas con tarjetas de ACNUR o con citas pendientes con la agencia", según un informe reciente de Refugees International.

Las oficinas de esta agencia de la ONU están abarrotadas, la espera para una cita puede ser de meses, según denuncian las organizaciones, también lamentan que no hay un marco jurídico claro en el país que los ampare. Las autoridades aprobaron, a finales del año pasado, la primera ley integral sobre el asilo y crearon un organismo para gestionar los procesos, aunque de momento, sigue siendo ACNUR quien los está llevando a cabo. Este nuevo texto también ha levantado recelos entre expertos en los derechos de los refugiados. "Uno de los aspectos más preocupantes de la ley es que incluye disposiciones que penalizan tanto la entrada irregular como la prestación de ayuda informal a los solicitantes de asilo", explica Refugees International.

Egipto también ha estado en el punto de mira internacional por la frontera directa que tiene con Gaza. Con este pretexto, además del aumento de refugiados sudaneses, la Unión Europea firmó en marzo de 2024, un paquete de ayudas de 7.400 millones de euros. El principal propósito es aumentar el control migratorio en el país. Una política similar a la que la UE ya ha aplicado a países vecinos y criticada por las organizaciones que defienden los derechos de los refugiados: "Pagar para no acoger es inaceptable, especialmente cuando se financia a países donde no se respetan los derechos humanos, ni se garantiza una adecuada protección", denunció el pasado año Mauricio Valiente, director de Políticas y Campañas de Comité Español de Ayuda al Refugiado.

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