Una investigación internacional desvela cómo Rusia usa una oscura fundación para respaldar a criminales y propagandistas

Sobre el papel y de acuerdo con sus estatutos, la denominada Fundación para el Apoyo y la Protección de los Derechos de los Compatriotas (Pravfond), creada por el expresidente de Rusia Dmitri Medvédev en 2012, tiene como misión proporcionar "ayuda jurídica a compatriotas y a organizaciones de derechos humanos", en temas tan corrientes como la salud mental o los derechos de custodia de menores. En la práctica, se trata de una organización que financia actividades de propaganda, redes de influencia y hasta defiende espías que trabajan en favor del Kremlin. Esto es, a grandes rasgos, lo que acaba de revelar una investigación internacional liderada por el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés) y en la que han participado una treintena de medios internacionales, incluyendo EL PERIÓDICO, tras examinar alrededor de 50.000 emails obtenidos por periodistas de la cadena danesa de televisión DR.

Los correos electrónicos demuestran que, durante una década, Pravfond ha concedido cerca de un millar de subvenciones por valor de varios millones de dólares a personas individuales y organizaciones durante un periodo de "una década". El organismo, presidido por Aleksándr Udaltsov, un diplomático de carrera, fue sancionado por la UE en 2023 pero ha continuado haciendo llegar dinero a destinatarios a través de métodos alternativos a los habituales, como transferencias bancarias. "Los países, normalmente no financian los costes legales de sus ciudadanos en el extranjero; por ello, hay que hacerse la pregunta de por qué el Estado ruso está dispuesto a gastar en ello el dinero del contribuyente", ha asegurado a OCCRP el analista Edward Lucas, del Centro para el Estudio de la Política Europea. La organización ha sido descrita de forma habitual como una suerte de caja B del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores, o incluso como una extensión de los servicios secretos rusos.

Franchetti el agitador

La investigación cita como ejemplo el caso de Aleksándr Franchetti, un agitador que formó un grupo paramilitar que colaboró en la anexión de Crimea en 2014. Varios años más tarde, concretamente en 2021, fue arrestado en el aeropuerto de Praga debido a una orden de búsqueda emitida por la justicia de Ucrania. Aunque su extradición al país eslavo fue denegada, el cabecilla fue imputado posteriormente por la fiscalía checa bajo los cargos de preparar actos de sabotaje y espionaje a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pues bien, Pravfond concedió a la defensa de Franchetti una suma de 3.4 millones de rublos, equivalente a unos 33.000 euros, para poder sufragar su defensa. El encausado fue absuelto en 2022, y mientras esperaba que se resolviera la apelación, huyó a Rusia. Finalmente, ha sido condenado a penas de prisión 'in absentia'.

La financiación de medios de propaganda y foros de diálogo que ofrezcan una imagen positiva de Rusia en países europeos es otra de las tareas que asume la organización. En concreto, en Grecia, los investigadores hallaron contratos con el denominado Dialogos club, una asociación grecorrusa cuyo objetivo es "ofrecer una imagen positiva de Rusia en Grecia y de Grecia en Rusia". En 2020, el centro organizó un seminario sobre "la objetividad en el periodismo en el contexto de la guerra híbrida" contra Rusia, publicando un libro con sus resultados financiado por Pravfond. En Letona, los documentos investigados revelan también que la organización financió con generosidad a IMHOClub, una página web que difunde artículos tanto en ruso como en letón con un sesgo marcadamente proKremlin. Desde el 2018 la entidad ha recibido un total de 150.000 euros, extremo que motivó el arresto de sus dos operadores, Yuri Alekseev y Piotr Pogorodny, acusados de publicar desinformación apoyándose en fondos estatales rusos.

Las sanciones decretadas por el Consejo Europeo en junio de 2023 no han logrado detener las transferencias de dinero a los destinatarios. Los investigadores han logrado identificar pagos de Pravfond al menos 11 países de la UE mediante una serie de tácticas como "transferencias bancarias realizadas a través de cuentas a nombre de terceras personas, como el cruce de frontera con dinero líquido. Sin ir más lejos, el pasado mes de octubre, una mujer de 65 años de Estonia, Tatjana Solkova, fue detenida en la frontera entre ese país báltico y Rusia: había recibido varios pagos de Pravfond que ascendían a un total de 50.000 euros. En uno de los emails obtenidos por el consorcio periodístico es posible leer la advertencia enviada por la propia organización acerca de los "posibles riesgos" en los que incurriría si continuaba con el trabajo, a lo que ella respondió sin emociones.

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