El Supremo de EEUU se dota de un código de ética bajo la presión por varios escándalos

Las intensificadas críticas y el creciente escrutinio al Tribunal Supremo de Estados Unidos después de que salieran a la luz varios escándalos que han arrojado sospechas de corrupción han tenido efecto. Este lunes el Alto Tribunal ha anunciado que se dota de un código ético específico para los nueve magistrados del Alto Tribunal.

En un comunicado sobre la decisión se asegura que “la mayoría” de las normas no son nuevas y se subraya que simplemente se codifican principios que ya aplicaban. Pero se admite que la ausencia del código ha tenido un efecto negativo para la corte, asumiendo que “ha llevado en años recientes a que se piense equivocadamente que los magistrados, a diferencia del resto de juristas del país, se ven a sí mismos sin restricciones de reglas éticas”.

Viajes, regalos y dádivas

La atención a la situación del Supremo se había intensificado en los últimos meses después de que investigaciones de prensa, especialmente las desarrolladas por ProPublica, revelaran casos en que los magistrados aceptaron y no reportaron viajes, regalos y otras dádivas de personajes influeyentes y grandes donantes, que en algunos casos tenían intereses en casos que debía decidir la corte.

El juez más señalado por esas sombras ha sido el conservador Clarence Thomas, también en el punto de mira por el activismo político de su esposa, Ginnie Thomas, que se alió con los esfuerzos de Donald Trump por revertir los resultados legítimos de las elecciones del 2020.

A la presión pública se le sumó la política y la semana pasada los demócratas en el Senado abrieron un debate para plantear autorizar citaciones para recabar más información sobre los viajes gratis que Thomas y otro juez conservador, Samuel Alito, recibieron del magnate inmobiliario tejano y megadonante republicano Harlan Crow y del activista judicial conservador Leonard Leo.

El comunicado de este lunes está firmado por los nueve magistrados, incluyendo el presidente, John Roberts, que en abril rechazó una petición para testificar ante el comité judicial del Senado argumentando preocupación por la separación de poderes.

Los republicanos habían atacado los esfuerzos legislativos de los demócratas para lograr más información o regulación asegurando que es una respuesta de motivación política a decisiones recientes del Supremo de mayoría conservadora, como la derogación de la protección constitucional al derecho al aborto.