El Gobierno francés aplaza el examen de una polémica ley migratoria debido a la crisis política

Monotonía, pocos anuncios y continuidad pese a la fuerte contestación social. La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, ha presentado este miércoles su agenda legislativa para los próximos meses. El anuncio de esta “hoja de ruta” se enmarca en la voluntad del presidente Emmanuel Macron de pasar página de la crisis por la reforma de las pensiones, una de las peores de su presidencia y que abocó su popularidad a sus niveles más bajos desde la revuelta de los chalecos amarillos en 2018. A pesar de la oleada de indignación, el dirigente centrista no quiere modificar sus políticas. Y eso se reflejó en la rueda de prensa de Borne, en la que no hubo anuncios significativos y se constató la actual debilidad del Ejecutivo. 

Uno de los principales titulares, de hecho, de la comparecencia de la primera ministra ha sido que el examen parlamentario de una polémica ley migratoria queda aplazado para el otoño. “No es un buen momento para impulsar un debate que podría dividir el país”, reconoció Borne en la rueda de prensa, celebrada al mediodía desde el palacio del Elíseo después del Consejo de Ministros. En cambio, informó del envío de 150 agentes y gendarmes suplementarios para reforzar los controles fronterizos entre Francia e Italia.

Sindicatos y fuerzas de izquierda en Francia cargan contra Macron por la publicación exprés de la reforma de las pensiones

Anunciado a la prensa el pasado noviembre, este texto pretende, por un lado, facilitar las expulsiones de migrantes en situación irregular o que cometan delitos graves y, por el otro, crear un permiso de residencia especial, con menos derechos que un permiso tradicional, para aquellos extranjeros que trabajen en profesiones con escasez de mano de obra. Según reconoció la primera ministra, aún no han llegado a un acuerdo sobre esta medida con Los Republicanos (afines al PP), cuyos votos necesita el macronismo en la Asamblea Nacional, donde no dispone de mayoría absoluta y la aprobación de otra ley relevante con el polémico decreto 49.3 resultaría muy impopular.

Una nueva reforma laboral

La imposición de la subida de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años (con 43 años cotizados para recibir una pensión completa) a través del “decretazo” ha dejado en una profunda huella en el país vecino, tanto en la sociedad como en una parte considerable de la clase política. A pesar de ello, Macron apuesta por continuar como si nada. Borne presentó una agenda legislativa en que no se atisba ninguna influencia significativa de la oleada de protestas de los últimos tres meses, la más multitudinaria en el siglo XXI en el bullicioso país vecino. De hecho, hizo marcha atrás sobre su promesa a finales de marzo de que solo utilizaría el 49.3 para los textos presupuestarios.

Para los llamados “100 días de calma y acción”, el Gobierno prepara una nueva reforma laboral. Este texto comportará la obligatoriedad de trabajar o formarse durante 20 horas semanales para todos aquellos que cobren el equivalente galo del ingreso mínimo vital, de unos 600 euros mensuales. Una medida destinada a “mejorar la inserción profesional”, pero que corre el riesgo de obligar a trabajar a cambio de ningún salario a personas en situación de gran precariedad. Esta reforma laboral, menos ambiciosa de lo esbozado hace unos meses, también comportará un cambio de nombre en las oficinas de desempleo. Pasarán a llamarse Francia Trabaja y se les pedirá una mayor cooperación y control con aquellos otros organismos que dan ayudas sociales.

Las caceroladas continúan a la espera del 1 de mayo

Borne, además, anunció la presentación de otra ley en las próximas semanas en materia salarial. Básicamente, incluirá un acuerdo alcanzado en febrero entre la patronal y sindicatos moderados sobre la extensión en las pequeñas y medianas empresas de un mecanismo para que den a finales de año una prima a sus trabajadores, cuya cantidad depende de las negociaciones internas. También indicó que a mediados de mayo se examinará en el Consejo de Ministros una legislación sobre la “industria verde”. Tendrá como objetivo principal reducir las emisiones de CO2 del sector secundario.

Respecto a las relaciones con los sindicatos, muy deterioradas, la primera ministra aseguró que “queremos reanudar un diálogo tranquilo y constructivo y dejarles más iniciativa” a los actores sociales. No obstante, esta recuperación del diálogo social se augura complicada. Después de que el presidente se negara a recibirles durante el pulso por las pensiones, los dirigentes sindicales ya advirtieron que no volverán a reunirse con el Ejecutivo hasta pasado el 1 de mayo, cuando se prevé “una movilización histórica”, según los servicios de inteligencia. 

Mientras tanto, los detractores de la reforma acompañan todos los desplazamientos del dirigente centrista y de varios de sus ministros organizando caceroladas. La fuerte indignación persigue al debilitado Gobierno de Macron, que podría cambiar de primer ministro en los próximos meses. Muchos periodistas y analistas políticos especulan con la fecha de caducidad de Borne.