El 46% de los asesinatos de líderes sociales en el mundo en 2022 se cometió en Colombia

Las historias son tan dolorosas como iguales. Lo que cambian son los nombres y la escena del crimen. Carlitos Urágama Cano fue asesinado por un grupo de hombres armados que irrumpieron en su vivienda familiar y lo mataron delante de su esposa y sus hijos. Tenía 23 años y era integrante de la Asociación de Víctimas Indígenas del Chocó, a unos 565 kilómetros de Bogotá. La misma suerte que corrió Pedro Alirio Guerrero, un dirigente comunitario del sur colombiano. Forman parte de los 186 líderes sociales que perdieron la vida, casi en su totalidad en manos de grupos de extrema derecha o ligados al narcotráfico, en 2022 en el país latinoamericano. El dato es en sí espeluznante. Pero la oenegé Front Line Defenders aportó un número aún más estremecedor: el 46% de los homicidios de esta naturaleza cometidos en todo el mundo el año tuvieron lugar en Colombia. El año pasado asesinaron también a 42 exguerrilleros que habían entregado las armas tras el acuerdo de paz entre el Estado y las FARC.

 "¿Qué está fallando en el país?", se pregunta con perplejidad la revista 'Cambio'. La situación no parece mejorar en 2023: hasta el momento se han perpetrado 35 asesinados. Linder Stiven Sepúlveda, un artista de 24 años que se desempeñaba como gestor cultural en el remoto pueblo de Tumaco, a 1.103 kilómetros al suroeste de la capital, a orillas del Pacífico, figura en esa lista del espanto.

Mauricio Valencia, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) señaló a 'Cambio' que los líderes más expuestos a la muerte son aquellos que encabezan luchas en el campo por restitución de tierras o la sustitución de cultivos ilícitos, pero también aquellos que defienden los recursos naturales. Ariel Danilo Majin Jiménez era coordinador de la Guardia Indígena en un refugio indígena en el municipio de Soratá, en el centro del departamento del Cauca. Se había involucrado en las tareas de Río Blanco, una zona expuesta al peligro del ecocidio. Ambientalistas y una gran constructora de Manizales llevan varios años enfrentados por un proyecto de vivienda aledaño a la reserva forestal, una zona de gran importancia hídrica para la región, ubicada a casi 300 kilómetros de una Bogotá que recibe las noticias luctuosas con pasmosa costumbre.

Un drama en ascenso

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha recordado que los conflictos socioambientales han escalado ostensiblemente en ese país. Actualmente se presentan más de 160 situaciones problemáticas por cuestiones de deforestación en la Amazonía y los bosques de Bahía Solano, megaproyectos minero energéticos, agroindustriales y de infraestructura que "en gran medida van en contravía de los intereses de las comunidades".

Front Defenders planteó en ese sentido que los riesgos que circundan a los líderes ambientalistas colombianos siguen siendo grandes a pesar de que el presidente Gustavo Petro suscribió el tratado de Escazú en el marco de sus esfuerzos casi a contramano por alcanzar la "paz total". Ese instrumento garantiza el acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Cualquier ciudadano y ciudadana de Colombia tiene acceso a la información sobre proyectos públicos o privados que puedan afectar la biodiversidad. El tratado, recordó Petro en noviembre, "establece unos criterios de protección a los activistas, a los defensores del medio ambiente". 

La distancia entre la letra escrita y la realidad puede abismarse en Colombia. El informe de Front Defenders no pasó inadvertido para el Gobierno de izquierdas. "Las condiciones objetivas que alimentan el flagelo de los asesinatos de líderes sociales persisten en Colombia. El fenómeno no cede, no obstante las medidas tomadas por los tres Gobiernos que han tenido que enfrentar el grave problema”, señaló el diario 'El Tiempo' en su editorial de este martes. "A estas alturas debería estar claro que este desafío trasciende las ideologías y toca los pilares de la convivencia en democracia", añade.

La respuesta del Gobierno

El informe de Front Defenders no pasó inadvertido para el Gobierno de izquierdas. Franky Castañeda, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior señaló a 'Radio Caracol' que se tienen listas 49 medidas para brindar mejores condiciones en la prevención de riesgos de los líderes comunitarios. "Nosotros encontramos, lastimosamente, una institucionalidad que estaba desvertebrada, por eso nos encontramos impulsando una serie de reformas en los cuerpos de policía encargados del tema".

El ministerio del Interior quintuplicará su presupuesto. Más allá de esos esfuerzos declarados, Colombia se ha acostumbrado a convivir con semejantes coeficientes de daño. El editorial de 'Tiempo' remarcó en ese sentido la amarga paradoja que representa la naturalización de la violencia. "Como si no fueran suficientes las amenazas que padecieron en vida, la memoria de cada líder asesinado debe enfrentar ahora una nueva: que la tragedia que terminó con su existencia se convierta en paisaje. Y no, como tiene que ser, en semilla y luz para su gente. Y en repudio y medidas para que no se repita", puntalizó.

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