Giro represivo en Nicaragua

El régimen de Ortega envía al destierro a 222 opositores

La medida, sin precedentes, se complementa con la inhabilitación perpetua de los adversarios y la pérdida de la nacionalidad

Daniel Ortega en una imagen de archivo.

Daniel Ortega en una imagen de archivo. / Jorge Torres

Abel Gilbert

El conflicto político nicaragüense tiene un nuevo y siniestro capítulo. El régimen matrimonial de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió dirimir sus disputas a través de una nueva herramienta represiva: el destierro. La justicia dictaminó el miércoles a través de la pluma siempre dispuesta a los intereses del Gobierno del juez Octavio Rothschuh Andino, la "deportación inmediata y efectiva" de 222 presos por oponerse al Ejecutivo. La medida se adoptó con prisas y sin que fueran informados los familiares de los detenidos. El avión que los sacó del país aterrizó en Washington. Según The New York Times, la operación había sido negociada con la Casa Blanca.

Más allá de la posibilidad de sigilosos intercambios bilaterales, están las palabras públicas. De acuerdo con el magistrado, la expulsión se dispuso "para proteger la paz, la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública, los derechos y libertades de terceros". Los excarcelados, señaló el portal Confidencial, se encontraban en las cárceles Modelo y El Chipote, así como bajo arresto domiciliario desde hace más de 600 días. Todos fueron sacados de sus celdas furtivamente y subidos a autobuses. Entre los ex presos llevados al destierro se encuentra Lesther Alemán, el joven universitario que desafió a Ortega y Murillo durante el estallido social de 2018. "Nuestros amigos han sido liberados. Fueron desterrados por la dictadura sandinista hacia Estados Unidos. Seguiremos luchando para que recuperen su ciudadanía y todos sus derechos", señaló en Twitter la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).

"Traición a la patria"

Los ex presos fueron además declarados "traidores a la patria" y, en virtud de esa acusación, "inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre y servicio del Estado de Nicaragua así como ejercer cargos de elección popular".

En medio de la deportación, el Congreso, completamente dominado por seguidores del matrimonio, aprobó una reforma a toda velocidad por la cual se puede quitar la nacionalidad nicaragüense a los condenados.

"Atónitos, así han quedado los abogados nicaragüenses ante la noticia de que a los presos políticos se les ha impuesto la pena accesoria de inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. La pena se ha empezado a aplicar en algunos casos por jueces de primera instancia, en otros casos, la pena es aplicada por jueces de ejecución de sentencia. ¿Qué significado tiene esto desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos?", señaló Uriel Pineda, columnista de Confidencial. "Este hecho trastoca los cimientos de la civilidad de la especie humana, el llamado núcleo esencial de los Derechos Humanos".

La disputa entre el tándem Ortega-Murillo y sus adversarios cobró mayor intensidad a finales de 2021, cuando se consumó la tercera y controvertida reelección presidencial en una contienda con otros participantes en calidad de extras. En ese contexto, el excomandante sandinista llamó a los presos políticos "hijos de perra" e "imperialistas" que deberían irse a Estados Unidos porque "no son nicaragüenses". Ese discurso de agitación acaba de ponerse completamente en práctica por parte del Estado.