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Tensión en el país andino

El eterno retorno de la crisis peruana

La situación de la presidenta interina pende de un hilo en un país donde todos los presidentes de este siglo han sido manchados por la corrupción

Miembros de las fuerzas de seguridad peruanas tratan de disolver las protestas en Arequipa, Perú. EP

"¿Y si no hay un mañana? ¡Hoy no lo ha habido!", se dice en una de las escenas de Groundhog Day, una película conocida en España como Atrapado en el tiempo. Bill Murray interpreta a un meteorólogo de la televisión. Mientras reporta sobre un evento anual del Día de la Marmota en Pensilvania, es prisionero de un bucle temporal que repite las misma escenas. Algo similar ocurre en Perú con sus crisis políticas: la reincidencia parece no tener fin. Los nombres son intercambiables. Por estas horas se trata de Dina Boluarte, cuya presidencia provisional pende de un hilo cada vez más delgado. Multitudinarias manifestaciones reclaman no solo que abandone el Palacio Pizarro. Se pide la disolución del Congreso y nuevas elecciones este año. El compromiso legislativo de celebrar comicios recién en abril de 2024 no parece ajustarse a las urgencias de la calle. El último episodio de esta crisis ha tenido lugar este jueves (madrugada del viernes en España), cuando marchas procedentes de diferentes puntos del país confluyeron en la capital en la llamada "toma de Lima".

Las protestas tienen desde el principio un fuerte componente campesino, pero en Lima se sumaron los estudiantes universitarios y sectores de la clase media. Las fuerzas de seguridad intentaron contener el avance de las columnas y sucedió lo que ha sido una constante desde que se desencadenó el conflicto: enfrentamientos, gases lacrimógenos, incendios de instalaciones...

Boluarte no tiene aliados en el Parlamento ni en la calle. Ella ha bautizado a 2023 como el "año de la unidad, la paz y el desarrollo". Sucede lo contrario: la cuenta regresiva de su precaria gestión se inició el mismo día en el que le colocaron la banda presidencial.

Han muerto más de 59 personas en los enfrentamientos con la policía. El Gobierno interino ha declarado el estado de emergencia durante 30 días que pueden ser eternos. No tuvo mejor ocurrencia que exhumar el fantasma del grupo terrorista Sendero Luminoso para restarle legitimidad al malestar que se anidó primero en las regiones más postergadas de Perú y que, desde ese sur profundo creció como la espuma hasta inundar la capital. "La explicación de un rebrote como respuesta general y unívoca para analizar la situación de convulsión social falla porque es poco creíble y parece zozobrar ante la extensión que ha alcanzado la protesta", ha señalado el diario 'La República'.

El eterno retorno

Este nuevo capítulo de la crisis, tan parecido a los precedentes, comenzó a escribirse en su última versión al asumir de Pedro Castillo en julio de 2021, después de haber ganado por apenas miles de votos a Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral. Todo se aceleró cuando el maestro rural fue cesado por el Parlamento en la primera semana de diciembre pasado. Castillo nunca pudo gobernar: cambió más de 70 ministros y contó con cinco primeros ministros en un año y medio. Tampoco se destacó por su sagacidad política. Quiso disolver el Parlamento y dio un salto al vacío en completa soledad. Su salida del Palacio Pizarro y su posterior prisión preventiva abrieron la puerta para malestares contenidos.

El analista César Hildebrandt ha señalado que Perú ha pasado de Castillo a un "castillo de arena", la imagen más elocuente de una inestabilidad que viene de lejos. El fin de la autocracia de Alberto Fujimori supuso, con el cambio de siglo, el inicio de una era de probidad. La bonanza económica (entre 2003 y 2013 el país creció a una tasa promedio del 6% del PIB) iba a ser acompañada de una ética pública y una vocación de los liderazgos de reducir las históricas desigualdades sociales de un país profundamente asimétrico.

Fujimori, quien había huido a Japón en setiembre de 2000, fue a la cárcel en 2007 tras ser extraditado de Chile. Sin embargo, Perú regresó una y otra vez al punto de partida. Alejandro Toledo, el primer mandatario electo democráticamente en 2001, se encuentra bajo arresto domiciliario en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero y a la espera de ser enviado a Lima. Alan García, el presidente que sigue en esta saga de despropósitos, se suicidó en 2018 para evitar que la policía le detuviese. Había sido acusado por un caso de corrupción, lo mismo que Ollanta Humala, a la espera de un juicio por las mismas razones de su malogrado antecesor.

2018, punto de quiebre

A partir de 2018, la inestabilidad se "estabilizó". El neoliberal Pedro Pablo Kuczynski tuvo que abandonar la presidencia para no ser destituido por el Congreso. El jefe de Estado provisional, Martín Vizcarra, no pudo evitarlo. Lo reemplazó uno de sus verdugos, el congresista Manuel Merino. Pero apenas se mantuvo unos días en el poder. Lo sustituyó Francisco Sagasti. Su mayor mérito es haber entregado el poder a Castillo, cuya suerte estaba echada de antemano.

En un reciente editorial, el diario limeño El Comercio sostuvo que si Boluarte diera finalmente un paso al costado "las cosas estarían peor de lo que están y el caos absoluto, a la vuelta de la esquina".

El grado de desconfianza hacia las instituciones no tiene precedentes. De acuerdo con una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la figura de la mandataria provisional es rechazada por el 71% de la sociedad. La impopularidad del Congreso, el gran árbitro de la política desde 2018, es incluso mucho mayor: un 88% de las personas entrevistadas reprueban su papel. La bala que atravesó la cabeza de Alan García alcanzó también a la élite peruana que no puede sino volver, como en Atrapado en el tiempo, a recomenzar la escena.

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