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Italia

Giorgia Meloni coquetea con el autonomismo italiano

La primera ministra italiana dice que su Gobierno quiere otorgar "en breve" más autonomía a las regiones que lo han solicitado

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. EP

"Este Gobierno quiere favorecer la puesta en marcha de la autonomía diferenciada en breve", dijo recientemente la primera ministra de ItaliaGiorgia Meloni. Y defendió: "Una mayor autonomía para las regiones tiene como objetivo mejorar la eficacia y la calidad de los servicios, no crear desigualdad entre los ciudadanos". Meloni decidió enfrentarse así a uno de los asuntos más peliagudos del debate político italiano: la solicitud de algunas regiones italianas de tener mayores poderes autonómicos en detrimento del Estado central. Un debate que hoy, como nunca antes, está en la agenda de un Gobierno italiano.

Es una petición que desde hace tiempo da vueltas en Italia. Abandonado (al parecer) el viejo anhelo de la secesión, es lo que desde hace años solicita la Liga del ultraderechista Matteo Salvini, hoy el socio de mayor peso de Meloni dentro del Gobierno transalpino. Tanto es así que la solicitud fue también incluida en el programa electoral con el que la coalición centroderechista ganó los últimos comicios en el país transalpino. 

El nuevo ministro italiano de Asuntos Regionales, Roberto Calderoli, ya ha presentado incluso un borrador de la reforma y ha dicho que la propuesta de ley será aprobada en 2023. Según este documento, el objetivo es reformar los artículos 116 y 117 de la Constitución italiana, que prevén que se puedan otorgar nuevas formas de autonomía por "iniciativa de la región interesada".

Otra Italia

Unas iniciativas que en estos últimos años se han multiplicado. De hecho, las primeras tres regiones que activaron el proceso de solicitud en 2017 de una mayor autonomía al Estado central fueron Emilia Romaña, Véneto y Lombardía. La primera es una región administrada por el centroizquierda, las otras dos, por la Liga. Pero luego a estas se han sumado otras regiones que también se han interesado por obtener mayores poderes autonómicos. Entre ellas, Piamonte, Liguria, Toscana, Umbría, Las Marcas, Basilicata, Apulia y Campania.

En Italia, existen 23 competencias que cada región puede reclamar para gestionar. Sin embargo, no todas las entidades regionales las quieren administrar todas. Este solo es el caso de Lombardía y Véneto, dos territorios en los que hace cinco años incluso se celebró un referéndum en el que los ciudadanos avalaron esta petición. Pero Liguria únicamente ha pedido administrar sus redes de transportes. Apulia y Campania, solo sus propios sistemas sanitarios. Y Toscana ha solicitado la gestión de sus bienes culturales.

La novedad respecto del pasado es que previamente cualquier reflexión sobre este asunto provocaba escalofríos en partidos centralistas como Hermanos de Italia, la formación de Meloni. Pero ahora empieza a parecer algo no solo posible sino, hasta cierto punto, algo que se desea. Y esto también porque, si bien la Liga es el principal patrocinador de la reivindicación, hoy día el asunto ya no es ni de derechas ni de izquierdas. Ejemplo de ello es precisamente el caso de la progresista Emilia Romaña, que ha sido una de las más activas en impulsar su solicitud. 

Solidaridad en discusión

Por supuesto, detractores también hay. Y la razón es la de siempre: que esta propuesta, que podría cambiar el rostro de Italia, afectando en particular a las regiones más pobres del sur de Italia. Meloni ha prometido que no ocurrirá. Esta reforma "jamás será un pretexto para dejar atrás a parte del territorio", aseguró la ultraderechista. Pero aún así las dudas de los analistas son múltiples. El partido de Silvio BerlusconiForza Italia (tercer socio del Gobierno de Meloni), ha manifestado preocupación, y varios gobernadores regionales también se han rebelado públicamente.

Por ejemplo. El de Apulia, Michele Emiliano, dijo que la propuesta no respeta la Constitución italiana, mientras que el de Campania, Vincenzo de Luca, ha afirmado que lo que está en juego es la unidad del país. Otras voces han denunciado que están en riesgo los niveles básicos de asistencia sanitaria debida a los ciudadanos. "Una reforma así solo puede ser injusta", afirmó Giancarlo Viesti, economista de la Universidad de Bari. De ahí que las sorpresas (y posibles marchas atrás) aún no están descartadas.

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