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Así se regula el delito de malversación en Europa y Estados Unidos

En algunos países la pena máxima es de 10 años de prisión y las multas dependen del importe de los fondos sustraídos

Así se regula el delito de malversación en Europa y Estados Unidos.

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impulsara la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y retocar el de desórdenes públicos, el Ejecutivo y ERC continúan la negociación para la modificación del delito de malversación, por el que fueron condenados algunos líderes del 'procés'. En España, el delito de malversación fue modificado hace siete años, con la reforma del Código Penal aprobada en 2015 con los votos del PP y el rechazo en bloque de la oposición. Hasta entonces, la malversación exigía que el dinero público desviado redundara en lucro propio o de terceros. Las penas oscilan entre cuatro a ocho años de prisión y de diez a veinte de inhabilitación en función de una serie de supuestos, como haber causado "un grave daño o entorpecimiento al servicio público" o que el valor de los efectos apropiados sea mayor de 50.000 euros, y contempla una condena de hasta 12 años de cárcel en el caso de que estos bienes excedan los 250.000 euros.

En el resto de Europa y en Estados Unidos, ¿cómo se regula?

Reino Unido

La malversación se reflejaría en la legislación en Inglaterra y Gales como un tipo de robo ('embezzlement') que tiene lugar cuando una persona encargada de los bienes o propiedades de un organismo, una organización, o un individuo, abusa de su posición de confianza para beneficiarse directamente de esos bienes, o bien para hacer con ellos algo para lo que no está autorizado. Las penas dependen de la gravedad de lo sustraído y las circunstancias del caso. La posición de confianza cuenta como un agravante. 

Francia

En Francia, se llama desvío de fondos públicos al equivalente del delito de malversación. Es castigado con penas máximas de diez años de prisión y un millón de euros de multa. Los entornos de algunos de los dirigentes galos más importantes fueron juzgados por ello. Es el caso del expresidente Nicolas Sarkozy y el 'affaire' de los sondeos. A principios de este año, el Tribunal de París condenó a Claude Guéant, secretario general del Elíseo durante la presidencia de Sarkozy (2007-2012), y Patrick Buisson, entonces consejero político del dirigente conservador, por haber malversado 1,4 millones de euros en la elaboración de sondeos falsos. A ambos los condenaron a penas de un año y dos años de prisión, respectivamente.

Alemania

En Alemania, la malversación (Untreue) está considerada un delito financiero y reglada por el artículo 266 del Código Penal de la República Federal de la siguiente manera: “Será castigado con una pena privativa de libertad no superior a cinco años o con una pena pecuniaria el que abuse del poder que le otorga la ley, la orden oficial o el negocio jurídico de disponer de los bienes de otra persona o de obligar a otra persona, o el que infrinja el deber que le incumbe en virtud de la ley, la orden oficial, el negocio jurídico o una relación fiduciaria de velar por los intereses patrimoniales de otra persona y cause con ello un perjuicio a la persona de cuyos intereses patrimoniales es responsable”. 

Italia

En Italia, el artículo 314 del Código Penal italiano establece penas de cuatro a 10 años de cárcel para los funcionarios públicos que se apropian de dinero u otros bienes que, en función de su cargo, debían administrar. Además de ello, el Código Penal italiano también contempla la llamada 'apropiación indebida', que cometen aquellos que se adueñan de dinero, valores o cualquier otra cosa, para beneficiar a sí mismos o a otros de una forma injusta. El conservador Silvio Berlusconi, el exprimer ministro italiano, ha sido acusado de este delito en más de una ocasión. 

Estados Unidos

En Estados Unidos la malversación de fondos públicos es un delito tanto a nivel estatal como a nivel federal y fue reconocido como tal en 1895 por el Tribunal Supremo. En el caso federal la apropiación indebida o desviación de dinero público se persigue con varios estatutos, pero el más frecuente es uno del título 18 del Código de los EEUU, que establece penas de cárcel de un máximo de 10 años si el valor de la propiedad o activo afectado es superior a los 1.000 dólares, además de las multas correspondientes.

El Departamento de Justicia tiene una división entera dedicada exclusivamente a investigar y perseguir lo que se denominan “ofensas de integridad pública”. Dentro de esa división hay una centrada en dar respuesta a delitos electorales como fraude de votos u ofensas relativas a leyes de financiación de campañas. 

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