El presidente peruano Pedro Castillo ha asegurado que la denuncia constitucional en su contra que ha presentado ante el Congreso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por distintos tipos de delitos, es parte de una conjura para destituirlo. "Quiero hacer de conocimiento a la comunidad internacional que hoy se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado", dijo Castillo. Según el mandatario, se trata de una "persecución" que incluye no solo a integrantes del Gobierno más débil de la historia política reciente de ese país sino a su "entorno más cercano".
Castillo dijo que "se está haciendo una acusación constitucional sabiendo que la propia Constitución le da prerrogativas al Gobierno para conducir al país". Benavides presentó ante el Parlamento una acusación sin precedentes: el maestro rural que asumió el poder en julio de 2021 y, desde entonces, no ha hecho más que atravesar tormentas políticas de todo tipo, con la caída de cuatro primeros ministros, encabeza una supuesta organización criminal.
"Hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas", dijo Benavides.
El papel de la legislatura
El Congreso, que ha intentado en dos ocasiones destituir al mandatario, y donde los partidos conservadores tienen mayoría, debe evaluar la pertinencia de la denuncia. Castillo ha renunciado a Perú Libre, la formación de izquierdas que lo ungió candidato presidencial el año pasado. La legislatura es para él un escenario adverso. Pero, además, Castillo tiene una mala imagen en buena parte de la sociedad. Una última encuesta da cuenta de una desaprobación del 67%.
En declaraciones al programa radiofónico RPP, el abogado constitucionalista, Luciano López, señaló uno de los posibles escenarios es que la fiscal invoque a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. "Al presidente se le está investigando por delitos contemplados en el tratado, que están en nuestra legislación, en nuestro Código Penal, claro, pero están articulados en lo que dice el tratado".
En la denuncia se incluyó al exministro Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas y al extitular de la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado López. La fiscalía ha arrestado a cinco exasesores del mandatario y también allanó las oficinas y domicilios de seis legisladores que pertenecen al partido de derechas Acción Popular. La casa de la hermana del jefe de Estado, Gloria Castillo, ha sido también objeto de un allanamiento.
José Palomino, el abogado del presidente, sostuvo que la denuncia de Benavides es un "refrito" que busca crear "artificialmente" una figura delictiva. "Todo eso se tiene que probar", dijo y pidió que se respete el derecho a la defensa de Castillo.
