"Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo". A los 69 años, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cambió a YouTube por un tribunal para defenderse en una causa judicial que parte en dos al país. Unos la ven como el símbolo de la corrupción y festejan los 12 años de prisión que ha pedido el fiscal Diego Luciani, mientras que el otro país piensa exactamente lo contrario: es una perseguida.
Las divisiones alrededor de un nombre propio forman parte de la tradición política de este país. Y esas disputas se han tratado de resolver siempre con violencia. Durante la primera mitad del siglo pasado, el general y tres veces presidente Juan Domingo Perón acumuló más de 120 causas judiciales en su contra, desde "traición a la patria" a enriquecimiento ilegal o abuso de adolescentes. La peronista Fernández de Kirchner ya supera las 500 investigaciones que incluyen, además, a sus hijos y a su madre.
La pueden amar u odiar. Pero los dos bandos reconocen, con distinto énfasis, que ella es un verdadero animal político. Se forjó en las luchas juveniles de los años 60. Fue diputada provincial cuando Argentina recuperó la democracia. Más tarde, senadora, primera dama y jefa de Estado cuya elocuencia ha provocado tanto desdén como elogios. La "crispación" y, a la vez, la "pasión por Cristina" como caras de una misma moneda que designa a una época. La "yegua" populista y la líder.
Un mismo andamiaje
"Nada de lo que se dijo en el juicio fue probado", enfatizó. La derecha ha elevado al fiscal Luciani al altar de los hombres probos. La vicepresidenta no solo recordó que él y uno de los tres jueces que debe dictar sentencia, Rodrigo Giménez Uriburu, juegan al fútbol en un predio del exmandatario, Mauricio Macri: son parte de un mismo andamiaje. El tribunal que la juzga en una causa por actos de corrupción relacionados con la obra pública le ha negado el derecho a ampliar su testimonio después que la fiscalía montara la acusación sobra la base de "cuestiones que nunca habían sido planteadas" durante la causa.
Decidió entonces tomar la palabra en su despacho en el Senado, detrás de una fotografía compartida con Néstor Kirchner. A lo largo de una hora dijo que han pedido 12 años de prisión por los 12 años de su Gobierno y las políticas relacionadas con la memoria de lo ocurrido durante la última dictadura (1976-83), la estatización del sistema de pensiones y otros beneficios sociales. "Por eso me van a estigmatizar y condenar. No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios y los derechos de los trabajadores, de los pensionados".
Para ella, se trata de "un juicio al peronismo y a los gobiernos populares" para que "nadie se anime a hacer lo mismo" que se llevó a cabo años atrás. En ese sentido señaló que "ya no hay partidos militares" que promueven golpes de Estado sino "un partido judicial". Carlos Pagni, un analista político de nula simpatía con la vicepresidenta auguró: se viene "una tormenta envuelta en un huracán" en un país que, como trasfondo, tiene una situación económica muy frágil.
