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Cuentas pendientes

El sinfín de investigaciones que estrechan el cerco legal sobre Donald Trump

El expresidente de EEUU se enfrenta a un escrutinio judicial y legislativo sin precedentes

Un manifestante muestra una pancarta con Trump entre rejas en la entrada de la Torre Trump en Nueva York. Reuters

La histórica acción del FBI el lunes registrando la residencia de un expresidente de Estados Unidos forma parte de una de las investigaciones que tienen en su centro a Donald Trump. Está lejos de ser la única. El republicano se enfrenta a un escrutinio legal y legislativo sin precedentes, con una panoplia de causas abiertas. Estas son las principales:

Investigación penal del 6 de enero

El Departamento de Justicia ha establecido un gran jurado federal en Washington que investiga los esfuerzos que Trump y su círculo cercano libraron para tratar de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, incluyendo mediante el intento de nombramiento de electores falsos y con presiones a autoridades electorales estatales, al propio Departamento de Justicia y al entonces vicepresidente, Mike Pence.

Investigación en el Congreso del 6 de enero

El asalto al Capitolio y la supuesta conspiración de Trump para tratar de mantenerse en el poder es también objeto de las pesquisas del comité especial establecido en el Congreso. Aunque ese panel no tiene autoridad para imputar al expresidente sí puede remitir al Departamento de Justicia sus hallazgos, como el presentado en junio en el que acusaron a Trump y los republicanos de haber usado la "gran mentira" para recaudar fondos que se desviaron.

Tanto en este caso como en la investigación penal el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, ha sido cuestionado por muchos críticos de Trump por lo que consideran que es una cautela excesiva, pero numerosos expertos legales entienden que el responsable de Justicia vaya con pies de plomo. Si presenta cargos debe poder probar que Trump actuó con intención corrupta. Y está en territorio no explorado: ningún expresidente ha sido formalmente imputado con un delito en la historia de EEUU.

Injerencia en Georgia

La fiscal de distrito del condado de Fulton, en Georgia, reunió en mayo a un gran jurado que debe asistir en la investigación de las acciones del expresidente presionando a autoridades del estado para revertir los resultados allí. En el punto de mira está, por ejemplo, la llamada que Trump realizó al secretario de estado, Brad Raffensperger, urgiéndole a "encontrar" los 11.780 votos que le convertirían en ganador frente a Biden, pero también se investigan otras presiones a autoridades locales.

Prácticas empresariales

Tanto la fiscalía del Distrito de Manhattan como la fiscal general del estado de Nueva York han puesto en el punto de mira de sus pesquisas prácticas empresariales de Trump y su organización. En el primer caso se trata de una investigación penal, al que se ha sumado la fiscalía estatal, que también tiene abierta una civil.

En el centro de ambas causas están las sospechas de que Trump infló el valor de sus propiedades para recibir préstamos mientras los infravaloraba para lograr beneficios fiscales. En julio del año pasado un gran jurado ya dio a la fiscalía del distrito de Manhattan los primeros cargos penales contra la Organización Trump y su consejero financiero, Allen Weisselberg.

Las cuentas de Trump también están en el punto de mira de un comité del Congreso, que este mismo martes conseguía que un tribunal de apelaciones ratificara la decisión judicial de otra corte y obligara al expresidente a entregarles las declaraciones de impuestos y auditorias que hasta ahora, y pese a a esos dictámenes de la justicia, se ha negado a facilitar.

El manejo de información y documentos

El registro del lunes aparentemente forma parte de una investigación del Departamento de Justicia no vinculada al 6 de enero y la trama electoral sino al manejo de información clasificada. Un comité de la Cámara de Representantes también estudia las posibles irregularidades cometidas por Trump al destruir o llevarse consigo al abandonar la Casa Blanca documentos y otros registros que la Ley de Registros Presidenciales le obligaba a preservar y entregar a los Archivos Nacionales.

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