Las instituciones de la Unión Europea llegaron este lunes a un acuerdo político para extender un año más la normativa sobre el certificado covid digital, que permitirá su uso si así lo deciden los países del bloque hasta el 30 de junio de 2023.

"¡Acuerdo!", anunció la presidencia francesa de turno de la Unión Europea en un mensaje compartido en la red social Twitter en el que también subrayó que la extensión "facilitará los viajes dentro de la UE cuando los Estados miembros decidan usar el certificado".

El pasaporte de vacunación se instauró en junio de 2021 para impulsar los viajes en la Unión Europea y reanimar a un sector turístico especialmente afectado por la pandemia, pero tras un año en vigor y habiendo recibido la mayoría de europeos la dosis de refuerzo, prácticamente todos los países han levantado las restricciones sanitarias.

Actualmente, Francia, Portugal y Finlandia son los únicos tres países de la UE que oficialmente no lo han hecho y por tanto, los viajeros deben, supuestamente, seguir mostrando el certificado para demostrar que se ha obtenido la pauta competa de la vacuna, que se tienen anticuerpos por haber pasado la enfermedad o que se tiene un test negativo en SARS-CoV-2.

El acuerdo alcanzado este lunes no implica que se vayan a reinstaurar de nuevo las restricciones y que viajar en posesión del documento vuelva a ser obligatorio, sino que da a las autoridades sanitarias la posibilidad de reclamarlo durante un año más si lo considerasen oportuno.

"Desafortunadamente el virus de la covid sigue presente en Europa, y por ello, queremos garantizar la libre circulación de la ciudadanía extendiendo la aplicación del certificado, en caso de que sea necesario para viajar en la UE", destacó el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar, que encabezó las negociaciones con los Estados miembros en nombre de la Eurocámara.

En un comunicado, el eurodiputado socialista explicó que esta prórroga contempla una evaluación de la medida a cargo de la Comisión Europea en diciembre de este año sobre la necesidad de continuar con el uso del certificado, en especial sobre su impacto en la libertad de circulación y los derechos fundamentales.

En caso de que este informe -teniendo en cuenta las aportaciones del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y del Comité de Seguridad Sanitaria- concluya que la situación epidemiológica no requiere más el uso del certificado, el Ejecutivo comunitario tendrá que presentar un borrador legislativo para revocarlo.