La subida de la inflación ha puesto en pie de guerra a los trabajadores portugueses. Los principales sindicatos del país han convocado huelgas y manifestaciones en las próximas semanas para exigir al Gobierno y a las empresas una mejora de las condiciones salariales, que ayuden a atenuar la pérdida de poder adquisitivo. Unas protestas que comenzaron a finales de mayo, cuando el Parlamento aprobó los presupuestos de este año con los únicos votos a favor del Partido Socialista del primer ministro, António Costa, que gobierna con mayoría absoluta desde enero. El Ejecutivo rechazó entonces modificar su propuesta sobre las pensiones y los salarios de los funcionarios, a pesar de los cambios en el contexto económico.
Los socialistas sostienen que un aumento de las retribuciones públicas contribuiría a la espiral inflacionista y defienden las medidas aplicadas hasta ahora, como la reducción de los impuestos a los combustibles o la limitación del precio del gas en el mercado ibérico, acordada con Bruselas. Unas medidas que, sin embargo, el Ejecutivo podría reforzar en las próximas semanas, según ha reconocido el ministro de Economía, António Costa Silva. “Sabemos que la inflación es en gran parte importada, ya que el 75% del aumento se debe a la subida de los costes de la energía y del sector alimentario. Pero cuanto más tiempo pasa, más difícil es admitir que sea transitoria”, ha asegurado esta semana en una entrevista al semanario Expresso.
Negociación en marcha
A la espera de nuevos anuncios, los trabajadores públicos mantienen el pulso con el Gobierno. La Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP), el mayor sindicato del país -vinculado al Partido Comunista Portugués-, ha convocado una manifestación para el próximo 7 de julio en Lisboa, que pondrá fin a poco más de un mes de protestas. Entre sus principales reivindicaciones están las mejoras salariales y el refuerzo del personal a través de un mejor acceso a la Administración Pública y de una mayor atractividad de las carreras.
El Ejecutivo ha iniciado esta semana una primera ronda de reuniones, en las que ha ofrecido mejoras salariales cercanas a los 50 euros mensuales en algunos sectores, aunque por ahora los sindicatos lo consideran insuficiente. Tanto los trabajadores como los partidos de izquierdas lamentan que el Gobierno se haya negado a incluir mejoras en las retribuciones públicas en los últimos Presupuestos -más allá del 0,9% estipulado antes del inicio de la guerra en Ucrania- y reprochan a Costa que, al mismo tiempo, haya pedido “un esfuerzo” a las empresas para mejorar los salarios de sus trabajadores un 20% antes de 2026.
Sector privado
La Confederación Empresarial de Portugal (CIP) señala que un aumento de este tipo solo puede realizarse en caso de que mejore la productividad de las empresas, algo que por ahora, aseguran, no está sucediendo. “Es muy difícil que las empresas consigan subir los salarios con los aumentos brutales de los precios de las materias primas y de la energía y con la escasez de pedidos”, ha afirmado esta semana el presidente de la CIP, António Saraiva en una entrevista al canal público RTP. Saraiva ha instado al Gobierno a bajar los impuestos a las empresas para que puedan hacer frente a esta subida.
Mientras, la incertidumbre económica seguirá golpeando con fuerza a los trabajadores portugueses, cuyos salarios no aumentarán lo suficiente este año para compensar la elevada inflación, que está previsto que supere el 6%, según datos de la OCDE.
