Un ataque armado del Clan del Golfo a tropas que estaban en una operación de registro y control en el departamento colombiano de Bolívar (norte) dejó un soldado muerto y siete más heridos, informaron este miércoles fuentes castrenses. El Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte dijo en un comunicado que el ataque ocurrió en una zona rural de la población de Montecristo, en donde también resultó herido un Policía. Los heridos, entre ellos un suboficial del Ejército, fueron atendidos por los enfermeros de combate y posteriormente trasladados vía aérea a un centro hospitalario especializado donde reciben atención médica. La información agregó que están en desarrollo operaciones militares en la zona que permitan dar con el paradero de los autores materiales del "vil hecho". Igualmente, se hizo la denuncia ante la Fiscalía colombiana por infracciones a las disposiciones del derecho internacional humanitario y violación a los derechos humanos.

El Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, ordenó la semana pasada un 'paro armado' de cuatro días que dejó al menos 309 hechos de violencia y 178 municipios afectados en 11 departamentos. Esas acciones fueron en represalia por la extradición a Estados Unidos de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel'.

El presidente colombiano, Iván Duque, dijo en su momento que todas las acciones del Clan del Golfo son una actitud desesperada y cobarde a raíz de la extradición de Úsuga. Para responder a las acciones del Clan del Golfo el presidente Duque puso en marcha el martes pasado el Bloque de Búsqueda que tendrá como principal objetivo capturar o dar de baja a los nuevos cabecillas de esa organización armada. Ese bloque está conformado por 700 hombres de la Policía y 720 del Ejército, quienes desde Necoclí y Carepa, en el departamento de Antioquia, desplegarán una ofensiva "sin precedentes" contra los mandos de la banda criminal.

Esta nueva estrategia para darle punto final al Clan del Golfo, también estará acompañada de 15 fiscales para garantizar la rápida judicialización de los capturados y acelerar los procesos de extinción de dominio.