El Parlamento portugués ha aprobado este viernes por unanimidad el endurecimiento de la ley que obliga a los altos cargos públicos a declarar su patrimonio. Una ley que el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, urgió a reforzar el pasado abril a raíz de la imputación del exprimer ministro José Sócrates, que se sentará en el banquillo por tres delitos de falsificación de documentos y otros tres de blanqueo de capitales. La nueva ley prevé penas de entre uno y cinco años de cárcel para los altos cargos que no presenten su declaración o que oculten incrementos de patrimonio superiores a 50 veces el salario mínimo, equivalente a 33.250 euros.
La norma establece que esta cantidad también se tiene que notificar en caso de que contribuya a reducir deudas o que sea pactada para cobrar en el futuro. Los altos cargos públicos -entre los que se encuentran diputados, alcaldes, jueces y el propio presidente de la República- deberán justificar además el origen de este aumento patrimonial, tanto si se ha producido en Portugal como en el extranjero. En caso contrario, los ingresos contarán con una tributación especial del 80%.
Debate constitucional
A pesar de que todos los partidos han votado a favor de la nueva ley, el centroderechista Partido Social Demócrata (PSD) ha expresado sus dudas sobre la constitucionalidad de algunos apartados de la norma, algo que ya provocó el veto del Tribunal Constitucional (TC) en dos ocasiones. Según los diputados conservadores, el texto puede ir en contra de la presunción de inocencia, ya que en este caso los altos cargos públicos tienen que demostrar que no han cometido un delito. Los socialdemócratas recuerdan que es la Fiscalía la que debe probar lo contrario.
Los diputados socialistas aseguran, sin embargo, que este aspecto está resuelto en la nueva ley y que no habrá dudas sobre su constitucionalidad, ya que las personas obligadas a declarar su patrimonio no están siendo acusadas de entrada. “Los altos cargos públicos solo estarán cometiendo un crimen si no cumplen con el deber declaratorio que está establecido en la ley”, ha asegurado esta semana el presidente de la comisión parlamentaria de Transparencia, el socialista Jorge Lacão.
Fracasos anteriores
El Parlamento portugués ya intentó en dos ocasiones endurecer las penas por ocultación de patrimonio y enriquecimiento ilícito. La primera vez, en 2012, la Cámara aprobó el texto a pesar del voto en contra del Partido Socialista (PS), aunque el TC decidió tumbarlo por los mismos argumentos que ahora ha puesto en duda el PSD. Tres años más tarde, en 2015, el Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho impulsó una nueva norma, que fue aprobada a pesar del voto en contra de los partidos de izquierdas y que volvió a ser rechazada de nuevo por los jueces del Constitucional, en esta ocasión por unanimidad.
En caso de que esta vez los jueces no vean indicios de inconstitucionalidad, la norma entrará plenamente en vigor, algo que las autoridades confían en que ayude a mejorar la percepción de la población respecto a la corrupción. Según un estudio publicado por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa a principios de octubre, más de la mitad de los encuestados considera que la corrupción ha aumentado en el último año en el país. El propio presidente Rebelo de Sousa ha pedido que se impida “la idea de que puede haber buenas leyes pero que los ricos y los poderosos siempre escaparán de ellas”.
