El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, no se achica. Anticipó en su carta al resto de líderes de la UE este lunes lo que piensa su Gobierno sobre la polémica sentencia del Tribunal Constitucional polaco, que cuestiona la primacía del derecho europeo, y este martes, ante el pleno del Parlamento Europeo y pese a la indignación y la avalancha de críticas en su contra de eurodiputados que exigen mano dura a Bruselas, se ha mantenido en sus trece insistiendo en que la Constitución polaca está por encima del Tribunal de Justicia de la UE, denunciando una doble vara de medir entre los Estados miembros y advirtiendo de que Varsovia no acepta “chantajes financieros” de la UE.

“El chantaje parece que es la forma de hacer política con algunos Estamos miembros pero así no funciona la democracia”, ha reprochado el dirigente ultraconservador polaco durante un largo discurso de 35 minutos -el doble del tiempo que tenía- en el que ha subrayado que “las competencias de la UE tienen sus limites y no podemos permanecer callados cuando se cruzan”. Según la óptica de Varsovia el derecho superior es la Constitución polaca y si los jueces nacionales se ven obligados a acatar la primacía del derecho europeo el país dejaría de ser un estado soberano. Es decir, de aceptar esta situación “Polonia se convertiría en una provincia de la UE gestionada desde Bruselas" y esto es algo que "nunca aceptaremos”, ha advertido tras denunciar el “centralismo” pero rechanzado el ‘Polexit'.

Una visión que augura un choque de trenes en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE de este jueves y viernes en Bruselas, si el asunto termina colándose en la agenda. Aunque no hay apetito por repetir un enfrentamiento como el vivido en junio con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a cuenta de la ley húngara que prohíbe hablar de homosexualidad en las escuelas, la actitud de Morawiecki ha aumentado varios grados la presión sobre la Comisión Europea para que actúe de forma inmediata y responda a Polonia por socavar uno de los cimientos de la UE. Este martes, todos los grupos de la cámara, salvo la extrema derecha y los ultraconservadores, han exigido a la presidenta Ursula von der Leyen que frene la situación con urgencia.

Bruselas sopesa

“La Comisión está, en estos momentos, evaluando cuidadosamente el fallo. Pero ya se lo puedo decir: estoy profundamente preocupada. Esta decisión pone en tela de juicio los cimientos de la UE. Es una desafío directo contra la unidad del orden jurídico europeo. Es la primera vez que un tribunal de un Estado miembro estima que los tratados de la unión son incompatibles con la constitución nacional”, ha explicado la presidenta de la Comisión que ha admitido que el problema viene de lejos, que la situación ha empeorado y que el fallo socava la protección de la independencia judicial y pone en riesgo los derechos de los ciudadanos polacos. 

“Si el derecho europeo se aplica de forma distinta en Grenoble, Groningen o Gdansk los ciudadanos europeos no podrán confiar en que van a tener los mismos derechos. Es mi obligación proteger los dichos de los ciudadanos europeos vivan donde vivan. El estado de derecho es el pegamento que mantiene junta nuestra unión. Es esencial para proteger los valores en los que se asienta: democracia, libertad, igualdad y respeto de los derechos humanos”, ha dicho admitiendo que el diálogo emprendido en los últimos meses no ha dado frutos y enumerando el arsenal con el que cuenta Bruselas para responder a la deriva.

Tres opciones

Sobre la mesa Bruselas cuenta con tres opciones. La primera abrir un nuevo procedimiento de infracción contra Polonia por la sentencia que cuestiona el orden jurídico en la UE y que podría terminar a largo plazo en sanciones. La segunda, volver a activar el artículo 7 del Tratado, el llamado botón nuclear, que en última instancia permite a la UE retirar el derecho de voto en el Consejo pero que exige la unanimidad y nunca se ha llegado a activar. Y, la tercera, aplicar por primera vez el mecanismo de condicionalidad del estado de derecho que permite congelar los fondos europeos y que según ha explicado esta semana el comisario de Justicia, Didier Reynders, en una entrevista con la agencia Bloomberg podría aplicarse en cuestión de “días o semanas”. 

“El Gobierno polaco tiene que explicarnos ahora cómo pretende proteger el dinero europeo vista la sentencia del Tribunal Constitucional porque en los próximos años invertiremos 2,1 billones de euros con el presupuesto plurianual y el programa de recuperación Next Generation EU (para todos los países). Se trata de dinero de los contribuyentes europeos y si nuestra unión invierte más que nunca para apoyar la recuperación tenemos que proteger el presupuesto contra las violaciones del estado de derecho”, ha insistido.