En medio del tenso escrutinio, la política peruana se ha trasladado a los tribunales con Keiko Fujimori como principal protagonista. Cuando falta menos de un 1% de las actas electorales por analizar, el sueño de la presidencia se le escapa a la candidata de Fuerza Popular. El casi medio punto de diferencia que le saca el maestro rural Pedro Castillo será, sin embargo, impugnado en la justicia electoral por la formación derechista. Pero, al mismo tiempo, el fiscal José Domingo Pérez acaba de solicitar al juez Víctor Zúñiga que se vuelva a decretar la prisión preventiva de la hija del autócrata encarcelado. La candidata tiene la movilidad limitada y debe informar al juez de sus traslados por el país o con quién se reúne. Zúñiga sostiene que Fujimori, acusada de haber lavado activos y otros delitos, ha incumplido las normas de conducta fijadas por la justicia. Sobre ella pesa la sospecha de haber recibir dinero ilegal de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas de 2011 y 2016.

Según la solicitud del fiscal, divulgada por el diario limeño 'La República', la aspirante a la presidencia por tercera vez consecutiva infringió la prohibición de comunicarse con testigos u otras personas que están siendo investigadas por la misma causa, como el excongresista Miguel Torres, quien acompañó a la candidata durante la rueda de prensa en la que anunció que impugnará 802 mesas electorales que le dan la ventaja a Castillo.

Aviso del juez

Pérez recordó en ese sentido que, en abril de 2020, la Segunda Sala de Apelaciones de Crimen Organizado señaló que debían cumplirse las restricciones que beneficiaron a Fujimori de manera temporal "bajo apercibimiento de dictarse nuevamente prisión preventiva en su contra, previo requerimiento del Ministerio Público".

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El pasado viernes 4 de junio, el juez Zúñiga inició formalmente la etapa acusatoria del proceso contra 42 imputados, incluyendo a Fujimori, por el llamado 'caso Cócteles'. Se trata de una fase inmediatamente anterior al inicio del juicio oral. De acuerdo con el periodista César Hildebrant, la líder de Fuerza Popular necesita asumir la presidencia para evitar una condena que podría llegar a los 30 años de cárcel.

En este contexto se conoció la petición de nulidad de las mesas electorales para alterar el curso del escrutinio final. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, calificó de extraordinaria esa reclamación.