El certificado digital europeo, destinado a facilitar la libre circulación de personas y ayudar a levantar las restricciones de forma gradual y coordinada desde este verano, ya tiene el visto bueno definitivo del Parlamento Europeo. El pleno ha aprobado este miércoles la creación de este documento que se aplicará durante doce meses a partir del 1 de julio y que algunos Estados miembros ya han empezado a utilizar para certificar que una persona ha sido vacunada contra el covid-19, tiene un test negativo o ha superado la enfermedad.

El reglamento, resultante del acuerdo cerrado entre los negociadores de la Eurocámara y del Consejo, ha recibido un apoyo masivo del pleno: 546 votos a favor, 93 en contra y 51 abstenciones. Entre los eurodiputados españoles han votado en contra Miguel Urban (Podemos) y Diana Riba (ErC) mientras que los eurodiputados de Vox, EH Bildu y Unidas Podemos se han abstenido. El resto de eurodiputados de la delegación española han apoyado el nuevo documento que será gratuito, estará disponible en formato digital o papel y se aplicará a partir del 1 de julio durante un período de doce meses.

Aún así, son ya más de un millón las personas en la UE que han recibido el certificado covid dado que hay nueve Estados miembros que ya han empezado a expedirlos, según ha explicado el comisario de justicia, Didier Reynders. Se trata de Bulgaria, Croacia, República checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, Polonia, Lituania y España, desde este lunes. El resto de países se irán sumando gradualmente con el objetivo de que todos emitan y reconozcan los certificados a partir del inicio de la campaña de verano.

Marco europeo común

El documento ofrece un marco europeo común con el que certificar que la persona que lo ostenta ha sido vacunada contra el coronavirus, cuenta con un test negativo reciente o ha superado la enfermedad de forma que no sean necesarias restricciones o medidas adicionales como cuarentenas o aislamientos. Una pasarela puesta en marcha por la Comisión Europea, que entró en funcionamiento el pasado 1 de junio, permitirá que los certificado serán interoperables y verificables en toda la UE para evitar el fraude y la falsificación de documentos. Los Estados miembros no compartirán sin embargo los datos que se quedarán en cada Estado miembro.

Como normal general, los Veintisiete no podrán imponer restricciones adicionales “a menos que estas medidas sean proporcionadas y necesarias para salvaguardar la salud pública”. En caso de considerarlas necesarias, los Estados miembros tendrán que tener en cuenta los datos científicos, incluidos los datos epidemiológicos publicados por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), y notificarlas con 48 horas de antelación a los demás Estados miembros y a la Comisión Europea y con 24 horas de antelación a la ciudadanía.

Recta final

Uno de los objetivos que el Parlamento Europeo no ha logrado cumplir durante la negociación es que los test que dan acceso al certificado sean gratuitos. Muchos países, entre ellos España, se quejaron de que el coste sería inasumible y se negaron a aceptar esta exigencia que a punto estuvo de hacer descarrilar las negociaciones. Para convencer al Parlamento Europeo, la Comisión prometió movilizar 100 millones de euros para financiar la adquisición de test y rebajar el coste para los ciudadanos.

Una vez en vigor –ahora tendrá que ser adoptado formalmente por el Consejo y publicado en el Diario Oficial- todos los Estados miembros tendrán la obligación de aceptar los certificados de vacunación expedidos por otros socios de la UE para las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Serán libres de decidir si aceptan también los certificados para otras vacunas de la lista de emergencia de la Organización Mundial de la Salud como las chinas de Sinovac y Sinopharm.