Nueve líderes indígenas y presuntos miembros de la guerrilla comunista del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP) murieron y otros 17 fueron arrestados en la isla filipina de Panay durante una operación conjunta policial y militar denunciada por la organización pro derechos humanos Karapatan, según informa EFE.

Mientras que la Policía y el Ejército aseguran que las víctimas de la operación llevada a cabo este miércoles eran presuntos miembros del NEP en posesión de armas de fuego, Karapatan pidió hoy que la comisión de derechos humanos investigue las muertes de los líderes del grupo indígena tumandok.

La secretaria general de Karapatan, Cristina Palabay, denunció en un comunicado que la acción conjunta pretendía instigar miedo en la población indígena que se opone a proyectos que les pueden forzar a abandonar sus dominios ancestrales y acusó a la Policía y el Ejército de alegar defensa propia para justificar las muertes.

"Los relatos de sus familiares y las comunidades desmienten todas las mentiras para demostrar una cosa: se trata de una repugnante serie de matanzas a sangre fría", añadió.

La operación tuvo lugar durante la mañana del miércoles, cuando miembros de la Policía y del Ejército trataron de entregar 28 órdenes judiciales de búsqueda contra los supuestos miembros del NEP por posesión ilegal de armas de fuego y explosivos.

La Policía y el Ejército alegan que actuaron en defensa propia durante un fuego cruzado, mientras que Karapatan sostiene que operativos de ambos cuerpos ejecutaron a sangre fría a al menos tres de los líderes, dos de ellos mientras dormían.

"Nada justifica estas detenciones ni sobre todo estas muertes. (...) Son ataques contra las comunidades indígenas en el país en general, y ¿para qué? ¿En el nombre del desarrollo? ¿Debe el desarrollo llegar a costa de la tierra, los derechos y las vidas de nuestras poblaciones indígenas?", criticó Palabay.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó en junio una investigación sobre Filipinas en la que denunció la campaña de terror e impunidad de la guerra contra las drogas, que ha matado a unas 30.000 personas, así como el hostigamiento a líderes sociales y grupos de izquierda, con 248 activistas asesinados desde el inicio del mandato de Duterte.

Un informe publicado en julio por la organización Global Witness situó a Filipinas como el segundo país del mundo más peligroso para ser defensor de la tierra o activista medioambiental, después de Colombia, con 43 asesinatos en 2019, frente a los 30 de 2018.