Julian Assange volvió a rechazar este lunes su extradición a Estados Unidos tras ser detenido por segunda vez al amparo de una nueva petición de Washington, que le atribuye haber reclutado y asistido a "hackers" para publicar ilegalmente información clasificada en su portal WikiLeaks.

Vestido de traje y con su pelo blanco muy corto, Assange, presente en la sala 10 del tribunal penal londinense de Old Bailey, asintió para confirmar su identidad y que rehúsa ser extraditado a suelo estadounidense, donde se enfrenta a 18 cargos de espionaje y conspiración para la intrusión informática, penados allí con hasta 175 años de cárcel.

En la primera vista de esta fase del juicio -pospuesto en febrero por la pandemia-, la jueza Vanessa Baraitser rechazó la petición de la defensa de "excluir" del proceso la "conducta criminal" o actos delictivos adicionales atribuidos al australiano por la Justicia estadounidense en un nuevo auto de procesamiento emitido sorpresivamente en junio y formalizado en agosto.

También denegó la demanda del abogado defensor, Mark Summer, de aplazar el juicio hasta enero para dar tiempo a evaluar las nuevas acusaciones, al considerar que se hacía fuera de plazo.

El nuevo auto, que sustenta la última petición de extradición, mantiene los 18 cargos imputados en abril de 2019 pero amplía sobre todo el de intrusión, que contempla ahora no solo los tratos con el exsoldado estadounidense Chelsea Manning en 2010, sino también con otras personas con las que Assange habría conspirado entre 2007 y 2015 para difundir secretos en su portal digital.

Según el fiscal Joel Smith, en representación de la Justicia estadounidense, el acusado colaboró con piratas informáticos como Teenager, Laurelai, Sabu y Jeremy Hammond e intentó reclutar a otros en conferencias y mediante un llamamiento para obtener "las filtraciones más buscadas".

La defensa dudó de las intenciones de EE.UU. al señalar que algunos de estos "hackers" fueron condenados hace años en el Reino Unido y Estados Unidos y por tanto Washington pudo haber hecho sus acusaciones mucho antes, además de que algunas, en la legislación británica, habrían prescrito.

Testigo de la defensa

En la sesión de hoy empezó a declarar también el primer testigo del equipo defensor, el historiador del periodismo Mark Feldstein, de la universidad estadounidense de Maryland, que apoyó la tesis de que las acusaciones contra el informático de 49 años tienen "motivaciones políticas".

Feldstein dijo que, aunque sea "poco ortodoxo", Assange es un "editor" protegido por las cláusulas de la Constitución de EE.UU. sobre la libertad de prensa y expresión -aunque el Gobierno del presidente Donald Trump haya indicado que no se aplicarán a extranjeros-.

"Ha publicado información veraz e importante que ha expuesto actos ilegales y no éticos del Gobierno estadounidense", afirmó el académico por videoconferencia, e incidió en que "nunca antes" una Administración ha imputado delitos de espionaje al responsable de una publicación por revelar información clasificada.

Estados Unidos aspira a procesar a Assange por 17 delitos al amparo de su ley de espionaje y uno por la ley de fraude y abuso informático, sobre todo por la difusión en 2010 y 2011 (aunque ahora amplía el periodo de 2007 a 2015) de registros militares y otros documentos confidenciales.

Las revelaciones en WikiLeaks expusieron crímenes de guerra en Irak y Afganistán, archivos sobre las detenciones extrajudiciales en la prisión de Guantánamo y cables diplomáticos que desvelaron abusos de derechos humanos en todo el mundo.

Mientras Assange seguía el proceso desde la galería blindada de los acusados en Old Bailey, en la calle una colorida y ruidosa "troupe" se manifestaba para pedir su liberación.

El colectivo recibió el apoyo presencial del padre del periodista, John Shipton, y de su pareja y madre de dos de sus hijos, Stella Moris, asediada por los medios tras haber sacado recientemente a la luz su relación y su vida familiar.