Tras más de cuatro décadas de matrimonio el Reino Unido se divorcia de la Unión Europea. Detrás de sí, sin embargo, dejará algo más que anécdotas, historia y crisis varias. Pese al divorcio, más de un millar de funcionarios con pasaporte únicamente británico -1.071 según las estadísticas más recientes- podrán seguir trabajando en las instituciones europeas tras los compromisos políticos asumidos aunque se quedarán un poco más “huérfanos” tras un proceso de separación que ha sido traumático para muchos de ellos.
Buena parte de este colectivo, al menos los que llevan más tiempo viviendo en Bruselas, tienen además una espinita clavada en el corazón: no pudieron pronunciarse en el referéndum celebrado en el 2016 ya que la ley electoral del Reino Unido impide votar a cualquier británico que haya vivido fuera del país durante más de 15 años. “A pesar de reclamarlo, como muchísimos británicos, no pudimos votar. Hay aproximadamente un millón de británicos que viven en los Estados miembros y que podrían haber cambiado el resultado”, se lamenta uno de estos trabajadores que llegaron en la década de los noventa a trabajar en la capital comunitaria y que viven con una enorme tristeza el momento de la separación aunque su empleo seguirá garantizado.
“Hemos dado nuestra vida al proyecto europeo. Estudié uno de los primeros cursos sobre política europea en Gran Bretaña, con perspectiva de trabajar en Europa. Pasé por (el colegio) Brujas -del que han salido muchos eurofuncionarios- con esperanza de seguir trabajando toda la vida y que mi país siguiera también siendo parte de la comunidad europea”, explica a condición de mantener el anonimato. El divorcio le deja una sensación de “huérfano, de ser abandonado por el propio país”. Un sentimiento que no es exclusivamente suyo sino que es “generalizado” en la comunidad británica empleada en las instituciones europeas.
43.000 eurofuncionarios en total
Según el último balance, la Comisión Europea cuenta con 32.399 empleados de los cuáles 805 tienen nacionalidad británica. No son una de las grandes delegaciones, apenas representan el 2,5% de todos los trabajadores de la casa, pero este porcentaje es superior al que representan por ejemplo los irlandeses, holandeses, suecos o finlandeses entre otros aunque lejos de las nacionalidades que encabezan el ranking de contratados con belgas (4.934 o el 15,2%), italianos (3.966 o 12,2%), franceses (3.180 o 9,8%) o españoles (2.446 o 7,5%) a la cabeza.
Proporcionalmente, la presencia británica es algo mayor en el Parlamento Europeo. De los 7.541 funcionarios y agentes contratados por la institución, 233 tienen la nacionalidad británica lo que representa un 3%, muy por encima del 1% de funcionarios británicos en el Consejo donde solo suman 33 de los 3.054 con que cuenta la institución en la que se coordinan los Estados miembros. Esta situación inevitablemente cambiará en los próximos años. “Cada año seremos unos pocos menos y no habrá nuevos contratados”, admiten las mismas fuentes sobre un colectivo cuya presencia se irá minimizando cuando empiecen a llegar a la edad de jubilación.
De momento, sin embargo, confían en que el Brexit no tendrá consecuencias laborales directas aunque algunas fuentes admiten que “aquellos contratados temporales o contractuales no serán renovados cuando expiren” y que “las perspectivas de carrera no podrán ser las mismas” por lo que en unos años el colectivo británico podría enfrentarse a un “un techo de cristal” que le impedirá seguir escalando en el escalafón institucional.
