La jefa del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció hoy la retirada definitiva del polémico proyecto de ley de extradición que originó las multitudinarias protestas registradas en la ciudad desde hace más de tres meses.

En una declaración televisada grabada previamente, Lam anunció "cuatro acciones para iniciar el diálogo" con los diferentes sectores de la sociedad hongkonesa.

"Primero, el Gobierno retirará formalmente el proyecto de ley para tranquilizar completamente las preocupaciones públicas", afirmó la jefa del Ejecutivo y agregó que el responsable de Seguridad de su gobierno presentará una iniciativa en este sentido cuando el Parlamento retome sus trabajos.

Lam goza, según las últimas encuestas, de la popularidad más baja jamás registrada por un líder del Gobierno local desde que Hong Kong regresó a manos chinas tras siglo y medio de dominación colonial británica.

No obstante, y pese a que los manifestantes han exigido una y otra vez su dimisión, la política negó ayer que hubiera ofrecido su renuncia a las autoridades chinas: "Jamás he ofrecido mi dimisión al Gobierno Popular Central (el Ejecutivo de Pekín). Nunca me he planteado dimitir. La elección de no dimitir es mía propia".

Así, Lam respondía a unas grabaciones obtenidas por la agencia de noticias Reuters durante una reunión con empresarios locales en las que se le escucha decir: "Si tuviera elección, lo primero (que haría) sería dimitir, después de haberme disculpado convenientemente".

En sus últimas intervenciones, los portavoces del Ejecutivo chino han reiterado su apoyo a Lam, a su Gobierno y a la Policía de Hong Kong para que resuelvan la situación.

Las manifestaciones comenzaron el pasado mes de marzo como oposición a una polémica propuesta de ley de extradición que, según abogados y activistas, podría haber permitido a Pekín acceder a "fugitivos" refugiados en territorio hongkonés.

Éstas han movilizado desde junio a cientos de miles de personas y han dejado enfrentamientos entre algunos manifestantes violentos y la policía, a la que se ha acusado de abusar de su poder a la hora de disuadir las protestas.

Aunque a principios de julio las autoridades hongkonesas declararon "muerta" esa propuesta de ley, los manifestantes exigen que se retire oficialmente y han ampliado sus demandas con el objetivo de mejorar los mecanismos democráticos de la ciudad y, en definitiva, oponerse al autoritarismo chino.