Holanda entró ayer en crisis política con la dimisión del Gobierno al no lograr acordar con sus socios parlamentarios un pacto para reducir el déficit público al 3% del PIB en 2013, el plazo acordado con la UE.

Las insuperables diferencias con el partido antimusulmán (PVV) sobre el plan de ajuste llevaron al primer ministro, el liberal de derecha Mark Rutte, a presentar su dimisión y la de todo su gabinete ante la reina la Beatriz.

La reina "considerará la dimisión", mientras solicita a los miembros del Ejecutivo holandés que sigan implicados en las cuestiones de interés estatal, según un comunicado oficial.

Está previsto que Rutte se dirija hoy al mediodía al Parlamento para explicar con más detalle su decisión en un debate extraordinario. Rutte, de 45 años y en el poder desde octubre de 2010, se convirtió así en una nueva víctima de las políticas de austeridad implantadas en la UE desde el inicio de la crisis financiera en 2008.

La convocatoria de elecciones anticipadas será inmediata, pero de momento no se ha fijado una fecha oficial para los comicios. La ley electoral exige un mínimo de 80 días entre que se convocan las elecciones y su celebración.

Un declive anunciado

La caída del Gobierno en Holanda ha sido la crónica de un declive anunciado desde que el pasado 5 de marzo empezaron las negociaciones sobre nuevos recortes entre los dos partidos en la actual coalición (liberales de derecha y democristianos), con sus socios parlamentarios, los antimusulmanes liderados por Geert Wilders (PVV).

Wilders, con 23 escaños en el Parlamento, amenazó hace unas semanas con romper la baraja del pacto, pero su vuelta a la mesa de negociaciones hacía pensar que estaba dispuesto a aceptar acuerdos hasta el final.

Por eso la decisión de retirar su apoyo a la coalición de minoría en el último momento ha supuesto una sorpresa para los analistas y para el propio primer ministro, que el pasado sábado no dudó en responsabilizar a Wilders del fracaso de la negociación.

Según informaciones que se han filtrado en la prensa, los tres partidos habían conseguido acordar un nuevo paquete de ajustes para ahorrar 14.200 millones de euros a las arcas públicas hasta finales de 2013, rompiendo tabúes como la deducción fiscal de las hipotecas sobre viviendas, el pacto para acelerar la aplicación de los 66 como edad de jubilación, la subida del IVA o el aumento del copago en la Sanidad.