El presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley Costas (Pcalc), José Luis Langa González, mostró hoy su decepción por la falta de reconocimiento expreso de las singularidades de los núcleos costeros canarios en la reforma de la Ley de Costas, pendiente de aprobación definitiva en el Congreso.
Langa ofreció una rueda de prensa en la que admitió que al menos en esta reforma "se abre una puerta" a la posibilidad de reducir a veinte metros la zona de servidumbre de protección en el caso de núcleos que demuestren su carácter urbano, cuestión que se introdujo en el trámite en el Senado como disposición transitoria primera.
Ahora serán los ayuntamientos los que deberán "hacer sus deberes" y demostrar ese carácter urbano con documentación que acredite la existencia de vías de acceso y servicios como alcantarillado, luz o agua, dijo Langa.
La solicitud se deberá presentar en el plazo de tres meses desde la publicación de ley y la Administración central tendrá dieciocho meses para contestar, subrayó el presidente de la plataforma.
Langa señaló que los ayuntamientos canarios tienen que darse prisa en definir los núcleos afectados y en demostrar que reúnen los requisitos para ser excluidos de la zona de servidumbre de protección.
"Ahora hay que demostrar lo que no sería necesario demostrar", es decir, la singularidad del territorio canario y de sus núcleos costeros por razones de historia, cultura y tradición, según José Luis Langa.
Esta disposición transitoria, aunque abre una posibilidad, también genera una incertidumbre que se podría haber resuelto con un reconocimiento expreso de la singularidad canaria en la reforma legal, tal como defendían todos los partidos de las islas, pese a lo cual no se ha incorporado a la ley.
Aunque no existe un censo de núcleos costeros afectados, según los cálculos de la plataforma hay 150.000 potenciales afectados en las islas por la legislación sobre costas, por lo que hizo un llamamiento a toda la sociedad para la defensa de los núcleos costeros.
Para Langa, "la falta de reconocimiento" de estas situaciones es "una afrenta al pueblo canario en general", y por eso la plataforma va a utilizar "todos los medios democráticos" para que se resuelva el problema.
"Si no se consigue, tendríamos que valorar qué actitudes adoptar", dijo el presidente de la plataforma, pero no quiso ser más explícito al respecto.
Anunció que la plataforma va a dirigirse a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo para explicar la situación del litoral canario, ya que en su opinión esta legislación genera incertidumbre jurídica que afecta también a los comunitarios residentes en las islas.
Langa se mostró partidario de que la Comunidad Autónoma asuma las competencias en costas, porque se solucionaría el problema, pero como para ello sería necesario cambiar el Estatuto indicó que al menos debería participar en la gestión de las mismas.
Respecto al recurso ante el Tribunal Constitucional anunciado por el Gobierno de Canarias sobre la reforma de la Ley de Costas, consideró que es "una reacción lógica", pero una eventual solución por esa vía se demoraría demasiado.
Por eso insistió en que ahora lo prioritario es que los ayuntamientos conozcan la realidad de los núcleos afectados para poder demostrar a la Administración que pueden acogerse a la disposición transitoria primera.
Para presentar esas solicitudes aún hay que esperar a que se publique el reglamento que desarrolla la reforma legal, pero los municipios deben empezar a trabajar ya, indicó Langa.