La Plataforma Antidesahucios de Tenerife solicitó ayer por escrito a la Mesa del Parlamento que el Gobierno de Canarias cuente con este colectivo en la modificación de la Ley Canaria de Vivienda, anunciada el pasado martes.

La representante de la Plataforma Inma Évora explicó que si los grupos parlamentarios ya les han solicitado sus propuestas para estudiarlas, "entendemos que es legítimo que cuenten con nosotros para redactar ese proyecto de ley, para que no quede en una mera declaración de intención".

Además, Évora recordó que esta problemática surgió hace varios años "y no ha sido hasta ahora cuando el Ejecutivo regional busca una vía real para solucionarla". "Ya es hora de dar soluciones efectivas y dejarnos de brindis al sol", destacó.

Entre las medidas que quieren que se incluyan destaca que "desde la administración pública no se vulnere la función social de la vivienda".

Así, recordó que el Gobierno de Canarias tiene cientos de viviendas vacías que "deben cumplir esta función social".

En este sentido, también destacó que "no tiene sentido que se estén paralizando los desahucios en el ámbito privado pero en el Institucional (las viviendas públicas) se están llevando a cabo, como es el caso de una señora en la Finca España a la que Visocan ha denunciado por usurpación violenta de un bien inmueble".

Respecto a la falta de recursos económicos para llevar a cabo el proyecto de ley, Inma Évora explicó que se puede financiar a través de "los fondos que los ayuntamientos tienen para alquiler de viviendas sociales, por lo que no se trata de crear nuevas partidas".

Nieves, madre dos menores de 6 y 10 años, dejó de pagar la hipoteca hace tres porque su marido se quedó sin trabajo. Ha intentado diferentes vías para frenar el inminente desahucio de su vivienda, incluso que su madre la avalara, pero "no me dieron oportunidad de nada".

Elvira avaló con su casa la compra de una vivienda a su madre. Al perder su trabajo no pudo hacer frente a las dos hipotecas, por lo que perdió ambos inmuebles. Tras años de lucha consiguió el pasado año la dación en pago, pero "mi madre y yo lo perdimos todo".

Nancy, que tenía su vivienda en Los Alisios, lleva tres años en paro. Subastaron su casa por 60.000 euros y ahora le reclaman 30.000 euros restantes, más 27.000 de costas, por lo que "desde 2009 debo 50.000 euros más intereses porque me negaron la dación en pago".

El Ejecutivo asegura que alquilará sus viviendas

La consejera de Vivienda, Inés Rojas, ratificó ayer que el Gobierno canario cuenta en la actualidad con unas 700 viviendas, de las cuales 500 estaban destinadas a la venta pero se han destinado al alquiler ante la dificultad de conseguir crédito en las entidades financieras. Estas viviendas se alquilan a precios sociales de unos 200 euros y ya se han alquilado unas 200 en un mes, con lo que quedan disponibles otras 700. Rojas aseguró que el Ejecutivo regional cuenta con otras 443 viviendas a punto de terminarse que se adjudicarán a las personas más necesitadas en régimen de alquiler, y por las que las familias pagarán 90 euros como máximo.

El Gobierno de Canarias anunció ayer que espera que la reforma de la Ley Canarias de Vivienda esté ultimada en septiembre, informó tras la reunión del Consejo de Gobierno su portavoz, Martín Marrero. Además, destacó que, aunque en principio las familias afectadas por desahucios que se podrán beneficiar de ella han de aportar una cantidad que no supere el 25% de su renta, en el caso de que carezcan de ingresos, la comunidad autónoma cubrirá con todos los gastos.