Las asociaciones que se oponen a la legalización en Francia del matrimonio entre personas del mismo sexo ultiman este sábado los preparativos de la manifestación del domingo, que pretenden numerosa pero que quieren desmarcar de los actos de violencia que se han vivido en los últimos días.
Conscientes de que su imagen se ha visto empañada por los enfrentamientos entre manifestantes violentos y las fuerzas del orden, los contrarios al matrimonio homosexual han anunciado un refuerzo de las medidas de seguridad internas y una cooperación con la policía para evitar que se repitan esos actos.
La manifestación será la tercera multitudinaria que se convoca contra las bodas gais, tras haber reunido a más de un millón de personas en París los pasados 13 de enero y 24 de febrero, según sus cifras, que las autoridades rebajan a un tercio.
Para la marcha, los organizadores restan importancia al número, porque consideran que se ha convocado sin tiempo suficiente ante la aceleración del calendario parlamentario de aprobación de la ley, pero no descartan reunir una cantidad considerable de personas.
Además, las asociaciones convocantes aseguran que no detendrán su movimiento tras la adopción definitiva del texto, prevista para el próximo martes en la Cámara de Diputados.
El próximo 26, día de la madre en Francia, volverán a pedir a sus militantes que salgan a la calle a protestar contra un texto que, sostienen, va a acabar con la familia.
Pero el mayor peligro que ven ahora los organizadores es que se identifique su movimiento con la violencia, después de que grupos de ultraizquierda y católicos radicales hayan aprovechado algunas de sus convocatorias para atacar a las fuerzas del orden.
Ante ello, han previsto un manual de buenas prácticas para los manifestantes y han asegurado que identificarán a los violentos y se lo dirán a la policía.
En los últimos días, mientras los diputados examinaban la ley en segunda lectura, los actos de protesta convocados ante la Asamblea Nacional han terminado con duelos con la policía, los más violentos el pasado jueves, cuando medio centenar de militantes fueron arrestados.
Hechos similares, aunque de menor intensidad, se repitieron en la noche del viernes, un hecho que los convocantes siguen con preocupación, al igual que el Gobierno, que alerta de una radicalización del movimiento y de un incremento de la homofobia en el país ligada al debate sobre esta ley.
Los actos contra homosexuales han crecido y en las últimas horas se han registrado algunos particularmente llamativos, como el ataque perpetrado contra un bar gay de Lille, al norte del país.
La policía ha alertado de que para evitar problemas, el domingo arrestará a los militantes que no se hayan dispersado a partir de las 22:00 horas.
En el plano político, la ley abordará el martes su último trámite parlamentario y, con su previsible aprobación gracias a la amplia mayoría de izquierdas que hay en la Asamblea, entrará en vigor, lo que supondrá la adopción de una de las promesas electorales del presidente, François Hollande.
La oposición conservadora denuncia que la ley no se ha debatido lo suficiente, por lo que han llamado a sus militantes a participar en la manifestación de mañana para mostrar su rechazo al texto.
En este sentido, esgrimen sondeos que muestran que el apoyo de los franceses al matrimonio homosexual declina aunque sigue siendo mayoritario, al tiempo que crece el número de personas que se opone al derecho de estas parejas a adoptar niños, que son más de la mitad.
La tensión política en torno a esta ley quedó patente en el debate parlamentario en la madrugada del pasado jueves, cuando los testigos presentes relatan que algunos diputados de la derecha estuvieron a punto de llegar a las manos con un funcionario del Ministerio de Justicia que hizo un elocuente gesto despreciativo hacia ellos.
La intervención de los ujieres evitó el incidente, que no fue retransmitido por el canal parlamentario porque previamente el presidente de la Asamblea, Claude Bartolome, había suspendido la sesión.
El hecho será estudiado por la mesa de la cámara para determinar si los diputados deben ser sancionados.