El escándalo de las hamburguesas con restos de carne de caballo ha desembarcado en Canarias. El Gobierno regional inmovilizó ayer 1.089 kilos de hamburguesas congeladas que una empresa con sede en Valencia distribuía en las Islas y que contienen una proporción aún por determinar de carne equina.
Las hamburguesas tenían como destino restaurantes y bares. Los puntos de venta de las que ya han sido distribuidas están siendo identificados en la actualidad, según informó ayer el director general de Consumo del Ejecutivo canario, Gustavo Matos, quien garantizó que este episodio no supone un problema de salud pública, sino "un fraude en el etiquetado y una estafa a los consumidores".
Fueron precisamente las organizaciones de consumidores las que, al conocerse la noticia, exigieron "una actuación muy rotunda" de las administraciones. Raúl Alonso, secretario general en la provincia de la Unión de Consumidores de España (UCE), se mostró partidario de introducir modificaciones legales para "que las sanciones sean muy severas" en este tipo de casos.
Pese a que no duda de que el suceso no representa una afectación para la salud de los consumidores, Alonso reclamó que en lo sucesivo la transparencia sea "absoluta" para evitar que la salud se vea afectada o que pueda ser "puesta en riesgo".
De hecho, la carne equina es apta para el consumo humano. El único peligro estriba en la presencia de fenilbutazona, un fuerte analgésico que suele administrarse a estos animales.
La Dirección General de Consumo tuvo conocimiento en la tarde del miércoles de la existencia de las aproximadamente 7.000 hamburguesas con carne de caballo en las instalaciones de la empresa Greatco SL, que dispone de almacenes en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. A primeras horas de la mañana de ayer realizó las primeras actuaciones para precintarlos e inmovilizarlos.
Según Matos, "el problema está controlado" y la inspección ha levantado las actas que darán lugar a las correspondientes sanciones "al fabricante, al distribuidor o a ambos". El Gobierno no descarta que los afectados presenten reclamaciones de forma "masiva", y recuerda que pueden tramitarse en las oficinas municipales de atención al consumidor y en la propia Dirección General.
Aunque admitió que la decisión no le corresponde, Matos consideró que "lo oportuno es destruir" los alimentos inmovilizados. Sin embargo, empresas de otros lugares del país han solicitado permiso para donarlos al confirmarse que son aptos para el consumo.