El Gobierno de Venezuela rechaza "de forma categórica y contundente" el "Informe de Derechos Humanos" que presentó recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos, y acusó a esta administración de mantener una "vocación imperialista" al divulgar estos documentos "unilaterales".
"La República Bolivariana de Venezuela rechaza de forma categórica y contundente, el "Informe de Derechos Humanos" presentado el 24 de mayo de 2012 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y en particular el capítulo referido a Venezuela", dice el comunicado de la Cancillería difundido el pasado viernes.
El Ministerio de Relaciones Exteriores agregó que el Gobierno norteamericano tiene una "incapacidad para establecer relaciones de respeto mutuo con otras naciones soberanas" y señaló que resulta "especialmente escandaloso" que este país aspire erigirse en "juez planetario" en la materia.
Además, reclama que EEUU "no acepte la mayor parte de los instrumentos del Sistema Universal de promoción y protección de derechos humanos", ni mecanismos de supervisión y control. "Venezuela reitera que estos actos de agresión en contra del pueblo venezolano, dueño soberano de su destino y garante pleno de los derechos humanos, no pueden sino deteriorar las ya mermadas relaciones bilaterales y constituyen un obstáculo infranqueable para un diálogo político respetuoso", agrega el documento.
"Falta de respeto"
A su vez, sostiene que las afirmaciones "irresponsables" contenidas en el informe, "constituyen una falta de respeto a la vocación democrática del pueblo venezolano", así como "un ataque a procesos electorales que son la máxima expresión de la soberanía" del pueblo.
El Departamento de Estado de EEUU divulgó su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo de 2011 en el que advirtió sobre la creciente "concentración de poder" en la rama ejecutiva en Venezuela.
De manera paralela, el embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Guillermo Cochez, afirmó que los venezolanos "sienten" que su sistema político está en "bancarrota" debido a la concentración de poderes por parte del Ejecutivo.
Como muestra de la actual situación de los poderes en el país suramericano, el embajador mencionó el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, detenida desde 2009, acusada de conceder la libertad provisional a un empresario supuestamente de manera irregular.